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Cinco ONG amparadas bajo la denominación Migreurop se han
personado como acusación particular en el juzgado número 6
de Ceuta, que investiga el asalto a la frontera del pasado
día 6, en el que murieron quince inmigrantes, cinco de los
cuales fueron encontrados en aguas españolas.
En un comunicado, las organizaciones Andalucía Acoge,
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, Comisión
Española de Ayuda al Refugiado, Elín y Federación estatal de
asociaciones de SOS Racismo han lamentado que ese día 300
personas de origen subsahariano trataron de acceder a
territorio español a través de la valla que impide el acceso
a la ciudad de Ceuta.
Han sostenido que ante el rechazo de la policía marroquí y
de la Guardia Civil, muchas de ellas se lanzaron al mar para
alcanzar la playa del Tarajal, en territorio español.
La Guardia Civil de Ceuta trató de impedirlo “utilizando
para ello pelotas de goma, disparos de fogueo y botes de
humo. Al menos 15 personas murieron ahogadas, otras
permanecen desaparecidas y otras más resultaron heridas”,
exponen.
En el escrito, afirman que 23 de ellas llegaron a territorio
español, siendo expulsadas de “forma expeditiva” por la
Guardia Civil a territorio marroquí.
Estos hechos, para la red Migreurop, pueden suponer la
violación tanto de la normativa española como de los
tratados internacionales suscritos por España que contemplan
la obligatoriedad de garantizar el derecho a la vida, el
principio de no devolución a países donde puedan ser
víctimas de persecución o de tratos inhumanos o degradantes
y a facilitar el acceso a un procedimiento legal y a un
recurso efectivo.
Estos derechos están recogidos en el Código Penal, la
legislación de extranjería, el Convenio Europeo de Derechos
Humanos, la Convención de Ginebra, la Carta Europea de
Derechos Fundamentales y convenios internacionales sobre
salvamento marítimo, según el escrito.
Por todo ello, las organizaciones de la red euro-africana
Migreurop han ejercido la acción popular de cara a que se
depuren las correspondientes responsabilidades.
En su opinión, las imágenes de guardias civiles disparando
contra personas en peligro que trataban de llegar a nado a
la playa y su expulsión inmediata y sin mediar trámite
alguno a Marruecos, “evidencian la existencia de prácticas
que numerosas entidades venimos denunciando desde hace
años”.
Asimismo han dirigido cartas solicitando una reunión urgente
con el Ministerio de Interior del Gobierno de España, así
como con el embajador de Marruecos en España, para reclamar
la versión oficial, así como posibles imágenes grabadas
sobre este hecho desde dicho territorio
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tragedia en el tarajal
