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El director adjunto de la Agencia de Control de Fronteras
Exteriores (Frontex) de la UE, Gil Arias, afirma que si
España estimase que la intervención de este organismo puede
ser de ayuda para afrontar los problemas en Ceuta y Melilla,
se estudiaría la petición y harían lo posible por apoyarla.
Arias aclara que la solicitud no se ha realizado y que, por
tanto, “no se ha analizado esta posibilidad” y, además,
apunta que Frontex no coordina ninguna actividad en las dos
ciudades autónomas.
“Si el gobierno español considerase que la intervención de
Frontex puede ser de ayuda para hacer frente a los problemas
en esas dos fronteras, lo estudiaríamos y haríamos lo
posible por apoyar a las autoridades españolas, pero en la
medida que esa petición formal no se ha realizado, no lo
hemos analizado”, subraya.
Reconoce que las fronteras de Ceuta y Melilla son “sin duda
atípicas” por estar muy próximas al casco urbano, e incluso
en medio de las ciudades, también por la “tremenda presión
migratoria” que se produce en ellas y por el régimen
especial que en su día se acordó para ambas, ya que están
fuera del espacio Schengen, que garantiza la libre
circulación de personas entre los países europeos acogidos
al mismo.
Como ciudadano y no como director adjunto de Frontex admite
que es “comprensible” que haya “una cierta alarma” entre la
ciudadanía de esas dos poblaciones, que están sometidas a la
llegada de inmigrantes a través de la frontera con
Marruecos.
Recalca que la presión migratoria provoca el refuerzo por
parte de los gobiernos de bienes materiales y humanos en las
fronteras afectadas.
En este sentido, añade que en ningún caso se deben “utilizar
procedimientos o medios que no están previstos en la ley”. A
su juicio, sería “deseable” que Europa tuviera una política
migratoria común, algo que, según Arias, la UE tiene en su
agenda política desde hace muchos años, sin embargo, subraya
que los temas migratorios “todavía son muy sensibles” y los
estados miembros tienen “ciertas reticencias” a ceder
parcelas de soberanía.
“La inmigración es un tema en el que todavía los estados
miembros quieren tener la capacidad de decidir a nivel
nacional y no dejarlo absolutamente en manos de la UE como
puede suceder con otras políticas, ello explica que todavía
se esté en el camino y que no exista una verdadera política
común en esta materia”, opina Arias.
Lo que viene haciendo la UE, remarca, es apoyar
económicamente a los países que son objeto de presión
migratoria desproporcionada o muy alta.
En cuanto a la entrada de inmigrantes irregulares en el
conjunto de la UE, Gil Arias explica que llegaron 107.300 el
pasado año, una cifra superior a la registrada en 2012,
cuando se produjeron 72.500 entradas de forma irregular.
La subida se debe, fundamentalmente, al creciente número de
sirios que huyen del conflicto en su país, aunque también
por los ciudadanos procedentes de Afganistán, Somalia,
Eritrea y la mayoría de ellos son refugiados, por lo que
estima que cambiar el control migratorio de las fronteras no
tendría mucho sentido para reducir las entradas.
“Si se trata de demandantes de asilo que huyen de las
situaciones de guerra o de desastres naturales o de
inestabilidades políticas, las normas internacionales sobre
protección a los refugiados hay que seguir aplicándolas, es
decir, la legislación nacional no puede ir en contra de la
normativa internacional sobre la protección a refugiados”,
insiste.
Italia es de lejos el país de la UE que más inmigrantes
irregulares recibe, seguido de Grecia y Bulgaria y de los
países que hacen frontera con los Balcanes como Hungría y
Rumanía.
Sin embargo, estos no son los destinos finales, ya que la
mayoría siguen hacia el centro y norte de Europa a países
como Alemania, Suiza, Suecia, Luxemburgo y, en menor medida,
Reino Unido.
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