Guardias civiles de Melilla pidieron hace siete meses a la
Dirección General de la Guardia Civil un protocolo de
actuación para los agentes que trabajan en el servicio de
vigilancia del perímetro fronterizo y de la costa.
Pertenecen a la Asociación Unificada de la Guardia Civil y
justificaban su solicitud en que “el comportamiento violento
de algunos inmigrantes puede suponer un importante riesgo
para la seguridad de los agentes”.
Según los documentos a los que ha tenido acceso la SER, lo
solicita un guardia civil destinado en la misma comandancia
y en nombre de la Federación en Melilla de la Asociación
Unificada de Guardias Civiles.
Es un protocolo destinado a los agentes que trabajan en el
servicio de vigilancia del perímetro fronterizo y de la
costa y se argumenta en la “seguridad de los agentes de la
benemérita ante el despliegue de comportamientos violentos”.
Pedimos dice la solicitud “un protocolo de actuación con
explicaciones pormenorizadas sobre la forma de actuación y
directrices en el servicio de seguridad ciudadana de
vigilancia e impermeabilización del perímetro fronterizo y
costa y actuaciones con inmigrantes”.
La Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil rechazó
la elaboración de este protocolo porque “excede la finalidad
de las asociaciones profesionales del Cuerpo”. Según la
primera resolución emitida por el Teniente Coronel Jefe de
la Comandancia de Melilla pedir un protocolo de actuación
“supone una extralimitación en los derechos representativos
de la Asociación porque excede la finalidad que tienen”.
El mismo protocolo se pidió ante el General Jefe de la Zona
de Andalucía y ante la Dirección Adjunta Operativa de la
Guardia Civil en Madrid. La resolución fue negativa en los
dos casos. La respuesta de la Dirección Adjunta asegura que
“las asociaciones profesionales de guardias civiles carecen
de interés legítimo para formular solicitudes relativas a
materia de servicio”. El escrito de la Dirección añade
“quedan excluidas de su ámbito de actuación todas las
propuestas que no se refieran a la satisfacción de los
intereses sociales, económicos y profesionales de sus
asociados y a la realización de actividades sociales que
favorezcan la eficiencia en el ejercicio de la profesión y
deontología profesional de sus miembros”.
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