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El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, enarboló en
el Congreso de los Diputados un nuevo concepto de frontera,
que no es geográfico sino jurídico. Es decir, en Ceuta, “la
geografía cede ante un concepto jurídico”. Según ha
reconocido el propio ministro, en Ceuta y en Melilla “no se
puede aplicar la ley” de la misma forma que en el resto de
España.
Fernández Díaz explicó así el mecanismo utilizado para
entregar a Marruecos a los 23 inmigrantes que sí que
llegaron alcanzar a nado España y pisaron la playa del
Tarajal, la fatídica madrugada del 6 de febrero.
Según el relato del titular de Interior, el grupo de
inmigrantes logró su objetivo porque los guardias civiles no
pudieron repeler su entrada en el mar para no poner en
peligro sus vidas. Ahora bien, aunque en el vídeo se ve
perfectamente que los inmigrantes pisan la playa ceutí del
Tarajal, a juicio del ministro, no lograron entrar en España
porque “no rebasaron el control policial”.
“El Estado retrotrae la línea de vigilancia hasta un
escenario seguro que no es otra que la del agua. No
constituye entrada ilegal la cual sólo queda consumada si se
rebasa la línea de vigilancia establecida. No entraron
porque no rebasaron el control policial”, ha manifestado.
Explicaciones esotéricas
Los grupos de la oposición han censurado que el ministro
haya asegurado que la frontera no se encuentra en un lugar
geográfico sino donde esté situada la barrera de la policía
o la guardia civil. Algunos de los portavoces han calificado
esta explicación de “esotérica”. “Si las fronteras están tan
difusas, algunos podrían admitir el derecho de
autodeterminación”, afirmó en tono irónico el diputado del
PNV, Emilio Olabarría.
“¿Dónde empieza España? ¿A las espaldas de la Guardia Civil?
España no empieza donde quiera la Guardia Civil”, se
preguntaba el parlamentario Ricardo Sixto, de La Izquierda
Plural.
La explicación del ministro intentaba hacer pasar las
devoluciones inmediatas, que se produjeron con los 23
inmigrantes que pisaron la playa del Tarajal, como “rechazos
en frontera”.
Emilio Olabarria, del PNV, manifestó que “de repente, el
concepto de frontera se convierte en difuso. Estamos ante
una expulsión sumaria, una expulsión colectiva, que vulnera
el artículo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Se
ha cometido un acto, por decirlo de una forma suave, ilegal.
Lo que tendrían que haber hecho es haberles prestado un
servicio de asistencia jurídica y haberlos trasladado a un
centro de extranjeros”. Olabarria también ha asegurado que,
en este caso, “se ha cometido una omisión del deber de
socorro”, delito contemplado en el artículo 195 del Código
Penal.
Rosa Díaz, de UPyD, le ha reprochado al ministro su lenguaje
“tecnocrático e inhumano” y ha estado de acuerdo en que hay
que vigilar las fronteras, “pero también existe el deber y
obligación de salvar la vida de los seres humanos que llegan
a las fronteras”.
“Un ministro que enfatiza tanto la defensa de los que no han
nacido debería tener claro que lo primero es la defensa de
los que han nacido”, le ha espetado, en relación a la
defensa que ha hecho el ministro de la Ley del Aborto.
Los representantes del resto de los grupos han denunciado
las “diferentes versiones contradictorias” de los hechos que
se han ofrecido estos días y “la ausencia de un protocolo
claro”. “Todo el mundo sabía lo que podía pasar y nadie hizo
nada”, ha dicho Antonio Trevín, del PSOE.
“¿Dimitiría usted si se demostrara que ha mentido?”, ha
preguntado Jon Iñarritu, de Amaiur.
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Última avalancha en el Tarajal
