A los 11,2 millones de euros que Invercap reclama a la
Ciudad hay que añadirle el de las indemnizaciones que exigen
los compradores de las viviendas por el retraso en la
entrega de las mismas y la modificación del proyecto, que
dejó fuera del mismo un bloque entero de pisos. De momento,
las cantidades solicitadas por los compradores a través de
procesos judiciales están en vía de reclamación y desde la
empresa dejan claro que lo más importante para ellos de esta
reclamación a la Ciudad es poder recuperar su crédito ante
los clientes.
La compañía denuncia que la falta de respuesta de la
administración le ha supuesto “un descrédito” ante los
clientes y aseguran que lo que les preocupa es que “los
compradores recuperen todo su dinero con los intereses y los
gastos que les haya supuesto”. “Queremos garantizarle que su
dinero lo tienen, lo que pasa es que no está en nuestras
manos, sino en las de la Ciudad”, señalan desde la empresa.
En su reclamación, la empresa especifica como la
paralización de la licencia “durante un tiempo tan
prolongado” ha originado la alternación de los
condicionantes de venta tales como el incremento del precio
de las unidades de obra contratada, la rescisión de
contratos formalizados, la disminución de clientes
potenciales, o la pérdida sobrevenida del crédito aprobado.
“Todo ello, ha provocado la inviabilidad del proyecto
inicialmente aprobado”, manifiesta Invercap en su escrito a
las distintas consejerías. Por este concepto, la empresa
valora el daño causado en el 20% de importe de las ventas
formalizadas a la fecha de la paralización, lo que supone
más de 1,5 milllones.
Gastos de realojo
Otros de los gastos derivados de los retrasos y relacionados
con los que serán los nuevos inquilinos, son lo que la ha
empresa ha desembolsado para realojar a los vecinos que
residían en viviendas sitas en la parcela hasta su retorno a
la nueva edificación. Para la promotora de Pasaje Fernández,
el gasto provocado durante el tiempo de la paralización de
las obras “es achacable directamente a la administración”.
Por ello, le solicitan 31.601 euros más 3.160 euros en
concepto de intereses generados. Una cantidad que se integra
en los 5,8 millones reclamados por la empresa por daños
patrimoniales.
Otro de los gastos que Invercap reclama que se le abone es
el del coste que asumió directamente de parte de las
intervenciones desarrolladas en el solar, para las que
contrato a un equipo arqueológico, así como la maquinaria
necesaria para proceder a los movimientos, depósito,
tratamiento y cribado de la tierra, “todo ello previa
indicación de los responsables de la Consejería de Cultura y
con el propósito de acelerar los trabajos”, según especifica
la empresa en su reclamación a Fomento. En el documento se
refleja que la Ciudad ha reconocido en todo momento la
procedencia del reintegro del importe de dichos trabajos que
fueron tenidos en cuenta íntegramente en la valoración sobre
la que se alcanzó un principio de acuerdo urbanístico, pero
este nunca se llevó a cabo. Ahora, Invercap pide por este
concepto los 657.147 euros que costó más 111.622 euros de
intereses que han generado hasta la fecha.
Turno para la Ciudad
Después de que Invercap haya presentado la reclamación por
el registro, la Ciudad tiene hasta tres meses para analizar
la petición y responder. En el caso de que la administración
se manifieste de acuerdo, se abonaría esta cantidad. Pero si
se muestra parcialmente de acuerdo o en desacuerdo el caso
llegará a los juzgados y la demanda se tramitaría a través
del Juzgado de lo Contencioso Administrativo.
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