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La empresa Invercap ha reclamado esta misma semana a la
Ciudad Autónoma 11,2 millones. La empresa exige 5,8 millones
por daños patrimoniales causados por la paralización de las
obras del complejo de Pasaje Fernández después de que se
encontraran restos arqueológicos en la parcela en 2009.
Además, también reclama 5,4 millones por la expropiación
forzosa que tiene que hacer la administración de la parte de
este terreno donde se encontraron restos arqueológicos y que
hasta ahora todavía sigue en poder de la mercantil.
La empresa ha presentado vía registro varios escritos
dirigidos tanto a la Consejería de Cultura, como a Fomento y
al mismo presidente Juan Vivas en donde se detallan las
pérdidas ocasionadas por la paralización de la obra, así
como los gastos que la compañía asumió de parte de las
intervenciones desarrolladas en el solar y para las que se
contrató un equipo arqueológico, previa indicación de los
responsables de Cultura.
El origen de esta reclamación se remonta a 2009. En abril de
este año la mercantil obtuvo licencia de ejecución de obras
para la construcción de un conjunto de viviendas en el solar
sito en la confluencia entre las calles Velarde, Ingenieros
y Santander, nombrado como ‘Complejo Pasaje Fernández’. Poco
después de iniciar los trabajos aparecieron restos de
interés arqueológico, lo que motivó que en el mes de
diciembre y mediante decreto del entonces consejero de
Fomento se exigiera la modificación del proyecto de
ejecución y se paralizaran las obras iniciadas hasta que se
aprobara el nuevo proyecto.
Negociaciones
En ese momento también se ordena “el inicio de los trámites
necesarios para llegar a una terminación convencional entre
Administración y promotor, por los daños que en su caso le
pueda ocasionar la modificación del proyecto para el que se
ha concedido licencia” y así se especifica en la reclamación
de Invercap, a la que ha tenido acceso EL PUEBLO. En ese
momento los daños patrimoniales se estimaron en 2,8
millones, ya que se perdía parte del proyecto inicial, pero
la Ciudad aunque asumía que tenía que abonar los daños
causados no reconoce la cantidad como válida.
Las negociaciones entre ambas partes continuaron hasta que
en 2010 se llegó a un acuerdo por el que la administración
reconocía dos millones de euros en concepto de daños
patrimoniales a la empresa, que a su vez renunciaba a parte
de los daños para hacer factible el acuerdo. El interventor
aprobó esta operación, pero sin embargo no advirtió que no
había consignación presupuestaria, según cuentan desde
Invercap. La empresa denuncia como esta deuda que se le
reconocía a la mercantil por un lado no se ha reconocido en
los presupuestos por otro. Así, han ido pasando años y
presupuestos sin que la Ciudad asumiera su compromiso de
pagar estos daños. La empresa ha alegado a los presupuestos
desde 2011, a 2014, pero desde el Ejecutivo han desestimado
su reclamaciones por “oportunidad política”.
Compromiso sin consignación
Según señalan desde Invercap hasta final de 2013 se ha
intentado negociar la compensación por el daño patrimonial,
pero al ver que en 2014 tampoco había consignación
presupuestaria, han roto las negociaciones para reclamar la
cantidad por vía administrativa. Y ahora, lo que eran 2
millones se han convertido en 5.825.638,76 euros, ya que se
le ha añadido intereses, el lucro cesante, las reclamaciones
que a su vez han hecho los compradores al promotor o los
gastos de realojo entre otros conceptos. Además, también se
solicita que se lleve a cabo la expropiación forzosa que
tiene que hacer la ciudad del terreno donde se encuentran
los restos arqueológicos y que un perito ha valorado en
5.404.873,85 euros. El plazo para llevarla a cabo es de seis
meses y han pasado dos desde que se rompieron las
negociaciones.
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Vivas anuló varias veces una reunión con Invercap
Desde la empresa explican que
llevan muchos meses solicitando una reunión con el
presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Vivas. En ese tiempo,
el presidente los ha convocado hasta en cuatro ocasiones
para anular la cita a “última hora” por diversas razones,
una de las cuáles fue porque volvía del Rocío “muy cansado”,
según explican desde la empresa.
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No se advirtió que no había consignación
La Comisión de Patrimonio estudió
los restos y decidió su conservación y la expropiación del
terreno. Esta decisión se llevó a Consejo de Gobierno y este
acordó ratificar el acuerdo de la comisión. Una vez que se
aprueba, se facultó a la consejera de Cultura, Mabel Deu,
para que llevara a cabo la expropiación. En ese momento el
interventor no advirtió de que no había consignación.
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La expropiación se aprobó el 13 de mayo de 2011
El Consejo de Gobierno aprobó el
13 de mayo de 2011 la expropiación forzosa del solar donde
se habían encontrado restos arqueológicos. Un proceso que se
debe completar en seis meses, pero que debido a las
negociaciones abiertas que había entre la empresa y la
Ciudad no se terminó de llevar a cabo. Ahora, Invercap exige
que se cumpla con esta expropiación.
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Fomento
