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La interpelación presentada por Coalición Caballas para la
sesión plenaria de hoy, relativa a la solicitud de conocer
si el Gobierno tiene intención de esclarecer los hechos
relativos ante la tramitación de un expediente por el que
pretende reconocer una supuesta deuda de 18.000 euros a la
empresa Grupo Oclem y que corresponden a un contrato de
asesoramiento técnico que debería formar parte del Pliego de
Condiciones Técnicas del contrato de Servicio Integral de
Alumbrado Exterior de la Ciudad de Ceuta
Esta empresa, según consta en el informe de Intervención, de
fecha 11 de junio de 2013, según explica Caballas en su
interpelación, presentó un “un trabajo que no eran más que
fotocopia y algunas obviedades que, en ningún caso, podría
justificar tan elevado importe”.
Pero lo más importante del caso es que este expediente ha
tenido consecuencias judicial, ya que según pudo confirmar
EL PUEBLO de fuentes de la empresa, la adjudicataria del
trabajo, Oficina de Clasificaciones Empresariales,
encuadrada en el GRUPO OCLEM, ha interpuesto una querella
contra el interventor de la Ciudad Autónoma, José María
Caminero, por un presunto delito de prevaricación, según las
fuentes informantes.
Este periódico también ha podido conocer que el interventor
ha tenido que consignar la cantidad de 18.000 euros en sede
judicial, hecho que fue asegurado por un directivo de la
consultoría, que agregó que todo se ha desencadenado ante la
negativa del interventor a abonar la factura correspondiente
asesoramiento técnico contratad por la Ciudad.
En este sentido cabe destacar, que el 11 de julio de 2011,
el entonces consejero de Fomento y Medio Ambiente y
presidente de la GIUCE, Guillermo Martínez firmaba un
decreto por el que se la adjudicaba al Grupo Oclem, un
estudio auditoría de Eficiencia Energética del Alumbrado
Eléctrico de la Ciudad por un importe total de 18.000 euros,
17.307,69 euros precio del contrato y 692, 31 euros,
cantidad correspondiente al 4% de IPSI.
Con fecha de salida del 14 de julio del mismo año, desde la
GIUCE se envía un escrito al GRUPO OCLEM en el que se le
comunica a la mercantil la adjudicación del contrato,
documento firmado por la Secretaria General. La adjudicación
a la empresa ya quedaba finiquitada. En el expediente y con
fecha 8 de agosto de 2011, se dirige al Interventor un acta
de conformidad firmado por el jefe de Industria y Energía en
el que se hace constar “que la empresa Oclen Gestión
Integral SL, adjudicataria del estudio auditoría de
eficiencia energéica del alumbrado público dependiente de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, decreto del 11 de julio de 2011,
realizó dicho estudio conforme a las especificaciones
técnicas recogidas en la documentación obrante en el
expediente”, expediente que se perdió, como así lo indica el
gerente de la GIUCE en una diligencia fechada el 14 de mayo
de 2013 y hecho corroborado a su vez por la empresa
adjudicataria. El 11 de junio de 2013, el interventor emite
un informe en el que se queja de la fecha de la llegada de
la factura, 26 de diciembre de 2012, alegando el plazo de
adjudicación era de un mes.
El interventor solicitó a la GIUCE por ello un informe
justificativo de las causas del retraso. Otra de las
cuestiones que ponía en entredicho el interventor era que
“el estudio de auditoría no se atiene a lo recogido en el
informe emitido por el ingeniero técnico de la GIUCE, que
exije el cumplimiento de una serie de apartados que no han
sido abordados por el adjudicatario”. También se explica en
el documento que el estudio se compone de nueve páginas de
contenido y dos anexos con fichas y que el estudio dedica su
contenido en transcribir datos facilitados por la GIUCE.
Ante ello, el interventor cierra su escrito, de dos páginas,
manifestando que “por todo lo expuesto, se devuelve el
expediente a la GIUCE.
Sin embargo, el jefe de servicio de Industria y Energía, en
un informe técnico, viene a decir “que la auditoría dio
pleno cumplimiento al objeto para la que fue encargada”.
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Pleno Ordinario de Enero
