El Gobierno de Juan Vivas acumula problemas. A los casos
judicializados por presuntos delitos de prevaricación
protagonizados por la consejera de Presidencia, Gobernación
y Empleo, Yolanda Bel, el Jefe de Gabinete, Benjamín Álvarez
y la exgerente de Procesa, Kissy Chandiramani, se une ahora,
la del Interventor, José Caminero, a quien la empresa Grupo
Oclem, le ha llevado al Juzgado por no abonársele una
factura de 18.000 euros, por una contratación.
Ya escribí hace tiempo que los procedimientos arbitrarios
del Interventor, ralentizando facturas de proveedores de
forma caprichosa, tenían a muchas empresas y autónomos
contrariados y que iban a originar consecuencias graves. Y
así está ocurriendo.
Pero la cosa no acaba aquí, porque según mis noticias, al
Grupo Oclem se va a unir los próximos días algún otro
proveedor en cuanto a denuncias contra el Presidente Vivas y
el Interventor, que viene acostumbrado a hacer de su capa un
sayo, y facturas perfectamente conformadas, a la hora de
tramitarse su ejecución, sufren retrasos y “problemas”
dificilmente explicables, desde un punto de vista legal.
Como algunos políticos no han querido poner orden o no han
sabido hacerlo, lo cierto es que hay proveedores que están
dispuestos a llevar estas situaciones al Juzgado, para
depurar responsabilidades y, ya saben que, la prevaricación
para un funcionario público, supone su “muerte” como tal, lo
que es un indicativo de que no se puede jugar más con estas
veleidades, creando problemas y asfixia económica a empresas
a las que un retraso les puede costar hasta su propia
supervivencia, dada la situación de crisis que padecemos. El
Interventor, por sí mismo o con ayuda de otros, habrá de
responsabilizarse de su conducta, y este proceder que venía
demostrando hasta ahora, habrá de dirimirlo en el Juzgado,
ya que muchos proveedores han pensado que ya está bien.
Aunque siempre está el recurso de inventarse “enemigos”,
“ataques orquestados”, “escándalos artificiales y
artificiosos”... Y Juan Vivas para eso es un artista. ¡¡Vaya
circo!!
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