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Más alto no se sabe si lo ha podido decir, pero claro si que
lo ha dejado. La orden de Juan Vivas ha sido contundente:
quiere las cuentas cerradas de todas las sociedades encima
de la mesa a las nueve y media de la mañana de este lunes.
El presidente no quiere sorpresas de ningún tipo, máxime
cuando esta semana tienen que asistir a dos momentos de
vital importancia al respecto de este asunto; primero,
preparar toda la documentación para la sesión plenaria
extraordinaria en la que se busca la anulación de los
acuerdos por los que se inició el proceso de
reestructuración del sector público empresarial y, segundo,
por la reunión que tiene que mantener con el secretario de
Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, en
Madrid.
Pero aparte de todo ello, es que las cuentas estén
perfectamente cerradas es un requisito necesario para
iniciar el proceso de reactivación de las empresas
municipales, que como ya publico este diario, quedaron
disueltas al crearse los organismos autónomos o servicios
regionales.
Pero además es que Juan Vivas querrá demostrar ante sus
superiores del partido que no tiene intención de incumplir
con lo que ordena la nueva Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, que en uno de sus
artículos viene a proclamar que si algunas de las empresas,
durante la vigencia del plan de ajuste, se encuentran en
desequilibrio financiero, la entidad local tendrá dos meses
desde la entrada en vigor de la Ley para aprobar un plan de
corrección de dicho desequilibrio.
En el caso de no hacerlo a 31 de diciembre de 2014, la
entidad local tendría un plazo máximo de seis meses, a
contar de la aprobación de las cuentas anuales, para
disolver cada una de las sociedades que continúen en estado
de desequilibrio. De no hacer esto, las sociedades quedarán
automáticamente disueltas al 1 de diciembre de 2015.
Cuando se preparó la documentación para iniciar la
reestructuración del sector público, las cuentas de 2013 no
estaban cerradas y es por ello que el presidente no quiere
sorpresas en ese sentido.
Otra cuestión importante a tener en consideración es que el
Ejecutivo tiene un plazo de dos meses, de cara a la
reactivación, para tener toda la documentación en regla,
estoy incluye la formulación de las cuentas, la aprobación
de las mismas por sus correspondientes consejos de
administración y la elevación a públicas llevándolas al
Registro.
Ante ello, es entendible que el presidente haya exigido
tener los números en su mesa.
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