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Cuando se habla del proceso de reestructuración puesto ya en
marcha por la Administración que preside Juan Vivas todas
las voces hablan de la parte más sensible del asunto, los
trabajadores.
Pero quizá no haya que dejar de lado que son muchas las
puntadas que habrá que dar para llevar a cabo la misma. Un
experto consultado por este periódico afirmó ayer que el
proceso de absorción de una empresa pequeña por otra puede
llegar a durar hasta un año, ya que son muchas las gestiones
a realizar.
Para citar una de estas cuestiones, baste recordar que
cuando la Ciudad inicia este proceso de reestructuración lo
hace con todas las consecuencias. Esto es, la Ciudad
asumiría lo todo lo que haya en las sociedades, siendo
responsable de las circunstancias que se deriven de la
misma, por lo que no sólo habría que hablar en este caso de
los trabajadores, sino de la asunción de todas las
obligaciones que las sociedades tenían hasta ese momento.
Preocupa mucho el hecho de que no exista documentación
contable ni auditoría y también sería bueno conocer los
criterios de valoraciones a utilizar para los bienes
existentes, por citar solo un ejemplo.
En este sentido, este diario ha podido conocer que nada más
que en una sociedad serían alrededor de quinientas las
fincas que tendrían que cambiar de titularidad, así como que
existen problema y que incluso, desde el Registro de la
Propiedad se podrían haber puesto algunas salvedades y
objeciones.
Esto y otras varias gestiones necesarias podrían tener una
gasto que oscilaría entre los quinientos y los ochocientos
mil euros.
En este sentido, destacar que la nueva legislación obliga a
mantener el equilibrio presupuestario, por lo que no se
pueden aumentar las cargas financieras, ni las deudas, ni
los gastos de personal.
Sin RPT
Ante esto, la pregunta es obvia, si la Ciudad no cuenta en
la actualidad con la Relación de Puestos de Trabajo y se da
la circunstancia que algún trabajador reclama, entendiendo
en su justo derecho como empleado público, la equiparación
salarial y ello supone un gasto. ¿cómo se afrontaría el
mismo si no está contemplando en los Presupuestos?. ¿Se
convertiría esto en un quebranto de la legislación vigente
en la materia?
Otro asunto sería el de la competencias del manejo de datos
reservados solo a funcionarios o cuando se dé el caso de la
actuaciones de policía administrativa.
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REESTRUCTURACIÓN
