El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta todavía aun no ha
contestado a los recursos presentados por dos funcionarias
contra la reordenación del sector público empresarial, ya
que tiene decidido apurar los plazos. En cambio si se ha
pronunciado mediante declaraciones de su presidente, Juan
Vivas y de su portavoz y consejero de Economía, Hacienda y
recursos Humanos, Emilio Carreira, y en ambos casos, el
tenor de la respuesta ha sido idéntico: la consideración de
que las cosas se han hecho bien desde el Ejecutivo local.
Partiendo de la base que la Ciudad no descarta asumir
errores en el proceso realizado, también estima que en las
cuestiones de fondo lo ha hecho bien, por lo que está
dispuesta a llegar hasta sus últimas consecuencias y, como
es preceptivo en cuestiones institucionales, agotar las vías
que jurídicamente están a su disposición y situar en el
Tribunal Supremo, si es necesario, este asunto.
Antes, es propósito del Gobierno mantener una reunión con la
Junta de Portavoces y los sindicatos, para exponerles el
contenido del recurso y consensuar una postura, intención
inequívoca de implicar a todos los sectores para que nunca
resulte que ha sido una decisión unilateral del Ejecutivo en
esta controversia. Incluso el presidente Vivas ya tuvo un
primer contacto con Juan Luis Aróstegui el pasado martes día
31, para buscar el apoyo de Caballas a la postura del
Gobierno.
Así, a la espera de conocer la postura de los jurídicos de
la Ciudad, el Ejecutivo de Juan Vivas tiene previsto agotar
los plazos en la respuesta al recurso de las dos
funcionarias que se oponen al procedimiento llevado a cabo
para la reordenación del sector público empresarial, por
estimar que les asiste el acierto en el proceso, como “ya
sucedió en otras instituciones de similar consideración”,
afirman los populares.
El presidente Juan Vivas ha querido transmitir, como ya
anticipó en su comparecencia de prensa del pasado viernes,
que ninguna sociedad esta amenazada de desaparición por
insolvencia o desequilibrio en su balance patrimonial, por
lo que defenderá esta reordenación empresarial hasta el
Tribunal Supremo.
Lo que no ha gustado al Gobierno son las valoraciones, al
margen de cuestiones jurídicas, de los recursos de las dos
funcionarias que calificaban de “espacio de confusión” el
“escenario habitual en que desenvuelve su actividad la
Administración de esta Ciudad”, y añadían que ni ella misma
“tiene clara la delimitación de los servicios públicos que
gestionan sus sociedades; así, la propia Ciudad ha licitado
en innumerables ocasiones obras y suministros cuya
competencia correspondía a Acemsa, gestora del ciclo
integral del agua, por lo que debería ser ella quien se
hiciera cargo de esta cometido”.
Además señalan que se “ha propiciado un entramado difícil de
desenredar, de manera que lo que queda es que todos,
sociedades, organismos y Administración, son una misma cosa
a pesar de las distinciones legales. Tal vez por ello, en el
acuerdo plenario de 30/09/2003 llaman erróneamente a las
sociedades Administración institucional, creyendo el autor
de la propuesta y todos aquellos que la votaron que
realmente lo son”.
Pero las críticas de las funcionarias no se limitan a la
acción política sino que afirman que “todo este escenario de
confusión se ha dado explícitamente, con el consentimiento
de gobierno, oposición, sindicatos y, los propios
funcionarios, que no deben quedar al margen de la crítica.
Todos hemos hecho posible que esto sucediera”, afirman en su
recurso.
Por otro lado, si al Ejecutivo le ha hecho poca gracia el
recurso de dos funcionarias, menos aún le hace que uno de
sus miembros, Francisco Márquez, trate de desmarcarse de la
reordenación final cuando hizo manifestaciones públicas
sobre los cambios experimentados sobre la propuesta inicial
realizada bajo su mandato en Hacienda. Márquez afirmó hace
unos días que “el proceso que se ha llevado a cabo por la
Ciudad es distinto del que yo empecé en su momento, es
diferente, por el camino ha ido sufriendo modificaciones”.
El asunto no parece agradable en varios de sus extremos y, a
lo que parece, el Ejecutivo local va a prolongar en el
tiempo el proceso al que aún le queda un amplio recorrido
judicial por las opiniones vertidas.
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Carreira: “Le invito a que se presente a las elecciones”
Emilio Carreira, en declaraciones
a ‘ceutaldia.com’, le ha lanzado un mensaje a una de las
funcionarias: “Si está convencida de esto lo tendrá que
defender en los tribunales”. El portavoz del Ejecutivo cree
que en los recursos además de fundamentos jurídicos y
aspectos rigurosos existen también muchas valoraciones
subjetivas “con las que no puedo estar de acuerdo. Le invito
a que se presente a las elecciones”, ha retado, porque “las
valoraciones que salen fuera de lo jurídico son cuestiones
que veo como un auténtico despropósito”. Como ya adelantó
‘El Pueblo’, una de la principales críticas realizada por la
funcionaria y que parece haber molestado a los miembros del
Gobierno es que “por demostrar queda que la eficiencia se
consiga” con los nuevos Servicios Regionales, “si tenemos en
cuenta que se nos ha hecho aparecer menos costosos, en una
operación de ingeniería contable, que hace aparecer en los
papeles (mínimos) un presunto ahorro partiendo de los mismos
elementos y, más eficaces, a pesar del trasbordo de los
mismos medios materiales y personales, incluidos los cargos
de dirección que algún grado de responsab lidad han debido
tener en la ineficiencia societaria”.
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