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El Gobierno local parece decidido a una huída hacia adelante
en la reordenación del sector público empresarial, pese a la
clara ilegalidad de la misma. La realidad es que detrás de
la defensa del empleo de la que presume el Gobierno de Vivas
se esconde su intento de no sufrir el coste político de un
conflicto laboral por sus graves repercusiones en cuestión
de votos, pretendiendo agotar los plazos para prolongar más
allá de la primavera de 2015, esa fatídica fecha electoral,
cualquier resolución sobre este asunto y evitar cualquier
riesgo de adversidad.
En juego hay mucho: ni más ni menos que la estabilidad
laboral de un buen número de empleados. Y con el ‘factor
empleo’ ha jugado con habilidad este Gobierno como síntoma
amenazante para poner sordina cualquier opinión de partidos
de la oposión y sindicatos al respecto y así silenciar el
más mínimo atisbo de ilegalidad que pudiera atribuírsele.
Todos callados y mirando para otro lado.
Solo dos funcionarias de reconocido prestigios han osado a
levantar la voz, dejando en evidencia a un Gobierno que
sufre dualidad de comportamientos. En este sentido, hay
ocasiones donde el Gobierno sitúa los pronunciamientos de
los técnicos en un nivel poco menos que incuestionable si
los dictámenes le son favorables, de referencia obligada
como garante de legalidad y en otras ocasiones, en el caso
que no le sean favorables estos pronunciamientos, no muestra
idéntica percepción. Así sucedió en el caso Urbaser con el
informe del técnico-contable al que se le lapidó
mediáticamente y otro tanto viene a darse con la funcionaria
Pepi Álvarez por haber osado a desafiar el procedimiento
oficial del Gobierno en la reordenación del sector público.
Para este Gobierno, los funcionarios son más o menos
creíbles en función de que les otorgue o no la razón a sus
planteamientos. Un doble juego diabólico en el que se les
protege si son técnicos con informes favorables o se les
descarta y repudia si sus informes son desfavorables. Dos
varas de medir que dicen mucho del talante político y del
respeto a los funcionarios del que presume Juan Vivas, donde
su reputación para el fluctúa en función del sentido de sus
informes.
Bonita forma de tutelar y defender la independencia de todos
ellos.
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OPINIÓN
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CARTAS AL DIRECTOR
