El presidente de la Ciudad, Juan Vivas, que ayer realizó un
balance de gestión del año 2013 defendió con toda sus
fuerzas a la consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo,
Yolanda Bel, que ha sido citada a declarar el próximo mes de
enero por el “Caso Kibesan”. Al igual que hiciera cuando se
conoció todo el asunto, el presidente volvió a repetir la
frase de que “pongo la mano en el fuego por Yolanda Bel”.
En ese sentido, el presidente dijo que la calificación de la
imputación tiene que ser matizada, “porque la señora Bel lo
que está es convocada por el Juzgado para ir a declarar,
pero no tiene ninguna imputación de ningún delito en
concreto, de ninguno”.
A este respecto, Juan Vivas agregó que “su señoría no tiene
conocimiento del expediente y tampoco de las actuaciones”.
Sobre este particular sería bueno explicar, como ya publicó
este periódico en ediciones anteriores, que en el auto
emitido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
Número Uno de Ceuta el pasado veintiocho de octubre se dice
claramente en el apartado de antecedentes de hecho que “en
este Organo Judicial se han recibido las actuaciones que
preceden en virtud de denuncia del Ministerio Fiscal... por
un presunto delito sin especificar”.
Sin embargo, lo que el presidente Vivas omitió ayer en sus
declaraciones es que en el punto primero de los fundamentos
de derecho se dice con claridad “que los hechos que resultan
de las anteriores actuaciones presentan características que
hacen presumir la posible existencia de delito, de delito
sin especificar, cuya instrucción corresponde a este órgano
judicial”, proclamando que se hace en virtud de los
artículos 14.2 y 15 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y
demás normativa concordante.
Por otro lado y en el segundo de los puntos, en el auto se
explica que “no estando determinadas la naturaleza y
circunstancias de tales hechos ni las personas que en ellos
han intervenido es procedente, de conformidad.... instruir
diligencias previas y practicar aquellas esenciales
encaminadas a efectuar tal determinación y, en su caso, el
procedimiento aplicable”.
Dentro de esas diligencias previas, la autoridad judicial es
la que ordena que se practiquen como diligencias las
comparecencias, para oírles en declaración, a Luis María
Fernández, y a Yolanda Bel, aunque en el caso de esta última
se deja claro que lo hará en calidad de imputada.
Con todo ello, el presidente presumió que lo que ha
pretendido la autoridad judicial con ello Yolanda Bel
“asistida de todas las garantías a esa comparecencia”.
Vivas alegó que “estoy con la señora Bel y si tengo que
establecer una balanza comparativa entre las personas que
promueven la denuncia y la señora Bel, no tengan la menor
duda que si tengo que decantarme en función de la percepción
que tengo de la catadura moral, me quedo con la señora Bel”.
Vivas agregó que tiene una enorme confianza en la Justicia y
que también la tiene en que al final de todo este asunto “se
termine imponiendo la verdad. Estoy convencido que la verdad
es fuerte y lo dije en su momento y lo digo ahora”.
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