UPyD de Ceuta ha mostrado su “repulsa” a través de su
Consejo Territorial ante la “injusticia” contra los propios
trabajadores de las empresas públicas, sobre los que “a
sabiendas que se comete una irregularidad inviable y hasta
un presunto delito, se les intenta incluir en la
administración institucional de Ceuta; cuando tanto sus
funciones como sus condiciones laborales les abocaban a
ellos y a sus empresas a estar en el sector privado de forma
natural, de forma que no se perdieran puestos de trabajo,
que es el objetivo primordial que debe movernos”. A este
respecto UPyD manifiesta que unos adecuados planes de
viabilidad como empresas privadas “debería haber sido la
solución a estos 6 engendros jurídicos”.
Desde la dirección del partido también se ha destacado que
el “móvil de este desaguisado que ha llevado a los regidores
del Ayuntamiento de la Ciudad Autónoma de Ceuta a cometer
esta gravísima irregularidad e injusticia, cometiendo por
tanto 6 actos nulos de pleno derecho y en presunto fraude de
ley, ha sido el de salvar una situación ilegal se pretenden
disfrazar mediante decisiones presuntamente legales”.
Así pues, para UPyD, “en esta ceremonia de la confusión,
algunos de los servicios públicos nunca debieron salir del
Derecho administrativo como los servicios tributarios, el
cuidado del medio ambiente o las emergencias, por ser
genuinamente públicos, y que ahora quieren hacerse volver a
la Ciudad Autónoma, y otros nunca debieron gestionarse
aunque fuera desde empresas públicas con dinero público”.
UPyD considera que esto es un ejemplo más de lo que viene
denunciando desde su constitución hace 6 años, y es “la
gestión clientelista que ha llevado a un callejón sin salida
al ayuntamiento de Ceuta, enfrentando y desprotegiendo a los
trabajadores de las sociedades mercantiles públicas que se
quieren convertir en organismos autónomos”.
Desde el partido se pide tanto al presidente Vivas como al
resto de integrantes del Ejecutivo, sindicatos, Junta de
Personal, etc, que “sean valientes y honrados” y digan a los
trabajadores de las sociedades mercantiles que “esto que se
está haciendo no solventa los problemas al ser claramente
resoluciones administrativas nulas de pleno derecho. Y no
son soluciones ni para la Ciudad, ni para el mantenimiento
de sus puestos de trabajo, llevando a una mayor ruina a esta
ciudad que están maltratando con la mayor deuda por
habitante de España, sin soluciones de futuro y en un
contexto de desorganización y desigualdades evidenciable”.
Finalmente, desde UPyD se ha asegurado que se seguirá
vigilante en “el proceso ilegal que se quiere perpetrar por
los 25 miembros de la Asamblea de Ceuta y el Consejo de
Gobierno de la Ciudad de Ceuta”, para en su caso interponer
una denuncia penal, y esperará hasta el día 2 de enero en
que se cumple el plazo administrativo para interponer
recurso de reposición de acuerdo con el artículo 117
redactado por Ley 4/1999, 13 enero, de modificación de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Del mismo modo se ha animado a todos los ciudadanos de Ceuta
sean o no funcionarios de la ciudad a que recurran
decisiones como las presentes que “atentan contra los
derechos de los ciudadanos y arruinan aún más la ciudad
haciendo que se pierdan más puestos de trabajo”.
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