El grupo parlamentario Caballas no tardó en salir al paso
de las declaraciones realizadas por la consejera de Fomento,
Susana Román, sobre la decisión del Gobierno local de
licitar la obra de La Marina por subasta y la ilegitimidad
de Aróstegui para presentar el recurso ante el Tribunal
Administrativo Central de Recursos de Contratación, y
aseguró que “el Gobierno ha reculado para evitar que le
pusieran la cara colorada”.
El portavoz del grupo parlamentario Caballas, Mohamed Alí,
tras conocer las declaraciones realizadas por la consejera
de Fomento, Susana Román, sobre el cambio de actitud de la
Ciudad con respecto al contrato de adjudicación de la obra
de La Marina, se mostraba un tanto sorprendido por esta
comparecencia y afirmaba que le resultaba un tanto “curioso”
que Román hiciera dichas afirmaciones cuando “el presidente
de la Ciudad, manifestaba tan sólo 48 horas antes, que el
pliego de condiciones cumplia con todos los requisitos”,
añadiendo que “el Gobierno no puede pretender tomar por
tonta a la ciudadanía”.
Igualmente consideró que el Gobierno local lo que ha buscado
con este cambio es “evitar que el Tribunal le pusiera la
cara colorá, de ahí que haya reculado, ya que seguimos
pensando que lo planteado inicialmente es una temeridad”.
Mohamed Alí, sobre la legitimidad o no de Juan Luis
Aróstegui para elevar dicho recurso al Tribunal
Administrativo Central de Recursos de Contratación, le
recordaba a la consejera de Fomento que en cualquier caso
Aróstegui también, como ciudadano, puede tener el interés
legítimo de presentar dicho recurso “a la hora de
salvaguardar el dinero público” y que ni ella ni el Gobierno
local tienen la facultad de decidir si está legitimado o no,
correspondiendo dicho derecho al Tribunal, al igual que si
el recurso fue presentado fuera de plazo o no.
Finalmente, y ante la actitud un tanto “chulesca” que ha
mostrado el Gobierno y la consejera de Fomento durante su
comparecencia, el portavoz del grupo parlamentario Caballas
aseguraba que no retirarán el recurso y que dejarán que sea
el propio Tribunal el que resuelva, además de destacar que
“la Ciudad propone ahora la subasta porque cree que el
Tribunal, ya que existe jurisprudencia, puede entrar en el
fondo del asunto y resolver de oficio”.
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