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La consejera de Fomento de la Ciudad Autónoma de Ceuta,
Susana Román, compareció ayer ante los medios instantes
antes de dar comienzo la sesión plenaria en la que se
abordaron los presupuestos generales de la ciudad para 2014,
para aclarar los motivos que han llevado al Ejecutivo local
a cambiar el procedimiento de licitación de la obra de La
Marina, en respuesta al recurso presentado por el grupo
parlamentario Caballas y aseguró que la decisión tomada no
da la razón a Caballas y afirmó con rotundidad “la obra de
La Marina se ejecutará”.
Susana Román, consejera de Fomento, negó ayer que la Ciudad
le esté dando la razón a Caballas tras el recurso contra la
obra de La Marina, y explicaba que la respuesta se ha basado
en cuestiones de forma y de fondo. En la primera de estas
cuestiones, el órgano contratante consideraba que “el
diputado Juan Luis Aróstegui no cuenta con legitimación
activa para elevar dicho recurso”, mientras explicaba que
Caballas, como grupo de la asamblea, “no puede presentar
dicho recurso al no contar con personalidad jurídica
propia”. Igualmente también destacó que Aróstegui, “como
concejal del Ayuntamiento tampoco puede presentar dicho
recurso”.
Como tercera cuestión, Román también resaltaba que Aróstegui
proponía este recurso como miembro del Consejo Rector de la
GIUCE, que es el órgano contratante, manifestando que
tampoco estaría legitimado “puesto que los estatutos marcan
como una competencia exclusiva de la presidenta, en este
caso mia, el órgano de contratación, por lo que no se
trataría de impugnar una decisión de un órgano colegiado
sino que se trata de impugnar una competencia que en este
caso es atribuible a otro órgano como en este caso sería la
Junta Rectora de la GIUCE”.
Una vez aclarado por parte del Gobierno que Aróstegui no
contaba con “legitimación activa” para presentar dicho
recurso, la consejera de Fomento además resaltaba que
tampoco fue presentado en plazo ya que el recurso tendría
que haberse presentado en los quince días siguientes a la
publicación, la cual se realizó el 11 de octubre, y se elevó
el día 31 de octubre (19 días después de la publicación).
Una vez abordado las cuestiones formales, Román también hizo
mención a las cuestiones de fondo del citado recurso,
centrándose especialmente en la baja limitada al 10% para
las ofertas y a una serie de “mejoras” que según la
consejera se incorporaron como objetivables por parte de la
Administración en el proyecto a presentar.
En este sentido, Román manifestaba que el servicio jurídico
de la Ciudad ha informado por escrito que “ambas cuestiones
están amparadas en el texto refundido de la Ley de Contrato
del Sector Público en su artículo 150 y 152”, e insistió en
que “cuando existen fundadas cuestiones técnicas, ya que se
trata de una obra compleja, para que el órgano contratante
pueda acotar esa baja máxima y así evitar que alguien oferte
muy a la baja y ponga en peligro la ejecución de una obra
que es necesaria, primero por sentencia judicial y segundo
por estar afectada incluso la estructura de la zona”,
destacando que por consiguiente que la postura de la Ciudad
“está amparada jurídicamente en todos y cada uno de los
pronunciamientos”.
Durante su comparecencia y tras aclarar las citadas
cuestiones, la consejera de Fomento acusó a Caballas de
intentar “embestir al Gobierno de la Ciudad a través de una
cuestión jurídica cuando realmente se trata de una cuestión
puramente política y cuya pretensión es que esa obra no sea
ejecutada”.
Del mismo modo aseguró que, tras el recurso, la Ciudad
barajó el lunes las posibilidades legales que podrían
abrirse y que pudieran lograr paralizar la obra. Una vez
realizado dicho estudio, el Ejecutivo local llegó a la
conclusión de que “para que no se lograra paralizar la obra
y para disipar esas dudas que puedan existir sobre la misma,
la Ciudad decidió cambiar la forma de licitación y sacar el
contrato a subasta, eliminando todas las cuestiones que sean
convenientes y que pudiesen dar pie a nuevos recursos, y la
empresa que más bajo licite será la que se lleve la obra y
la que la ejecute”.
Finalmente, Román resaltó que “con esta forma de actuar el
Gobierno ha dejado meridianamente claro que no busca ningún
otro interés que no sea el interés público, la realización
de una obra que es obligatoria, necesaria y que además la
creemos buena para todos los ciudadanos de Ceuta”, concluyó,
no sin antes recordar que “difícilmente los técnicos le han
podido dar la razón a la oposición cuando esta nos la han
dado por escrito ante un tribunal a nosotros”.
Por último, desde la Ciudad se ha informado que una vez
tomada dicha decisión se va a proceder a realizar un decreto
de desestimiento con respecto a la contratación, el cual ya
está elaborado y firmado por la consejera de Fomento.
Posteriormente se colgará en el perfil del contratante entre
ayer y hoy, e inmediatamente se publicará la nueva
licitación, la cual será exactamente la misma aunque
sólamente cambiando los criterios de adjudicación de
concurso a subasta pública. Además, Román aseguro que una
vez esté adjudicada la obra, los técnicos de la Ciudad
estarán continuamente velando por que dicha obra se ejecute
perfectamente en tiempo y forma.
Para concluir, Román aseguró que el Gobierno no tiene ningún
inconveniente en rectificar en todo aquello que se deba
rectificar aunque aseguró con rotundidad que “la obra la
vamos a efectuar”.
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