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Ceuta y Melilla cuentan desde el 1 de enero de 2010 con un
régimen especial para los peticionarios de asilo. A pesar de
ser españolas, estas dos ciudades autónomas están fuera del
tratado Schengen de frontera común europea.
En el resto de Europa, mientras se tramita la petición, a
los demandantes se les da una cartilla amarilla con la que
pueden moverse libremente y sin restricciones al menos por
el país responsable del estudio de asilo, según dicta el
Convenio de Dublín.
Sin embargo, en estos enclaves españoles se les da una
tarjeta roja en la que especifica que no podrán cruzar
fronteras ni salir de la ciudad en la que se encuentran
tramitando el estatus de refugiado.
A esto hay que sumar que el tiempo máximo de estudio del
temor fundado de persecución que dicta la ley para una
petición urgente de asilo, como es la de una familia que
huye de una guerra civil, es de un máximo de tres meses. En
cambio, en Melilla, el estudio en profundidad de los motivos
para la concesión de asilo suele tardar entre nueve meses y
dos años.
Estas circunstancias dejan en situación de desventaja o
penaliza de alguna forma a aquellos refugiados que llegan a
estas ciudades autónomas y están propiciando que los sirios
allí enquistados no piden asilo porque no quieren quedarse
atrapados en los CETI sin posibilidad de integración en la
sociedad ni de reunión con sus congéneres en los países de
destino.
Este tema es “delicado” y “se ha trasladado ya” a las
autoridades competentes, asegura la responsable de
comunicación de ACNUR en España, María Jesús Vega, quien
indica que desde la organización se está exigiendo el
cumplimiento de los plazos estipulados en la ley, así como
un “trato especial a los ciudadanos de países generadores de
refugiados”; y anima a los sirios, a pesar de todos los
inconvenientes, a pedir asilo “aunque no vayan a quedarse en
España, porque es bueno que se empiecen a estudiar sus
situaciones”.
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