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El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llevará al
próximo Consejo Europeo un paquete de medidas con el que
abordar la “presión migratoria” en el Mediterráneo y evitar
tragedias como Lampedusa, una iniciativa que parte del
convencimiento de que “el conjunto de la UE” tiene que
asumir el “esfuerzo” e implicarse en el apoyo “político,
operativo y financiero” a los países que hacen de frontera
con el sur de Europa. Su propuesta se ha concretado en un
documento que ya se ha enviado a Bruselas, Berlín, Roma y
París.
Según han informado fuentes gubernamentales, el jefe del
Ejecutivo ya ha trasladado personalmente sus propuestas al
primer ministro de Italia, Enrico Letta, quien también ha
pedido que la tragedia de Lampedusa, en la que murieron unos
400 inmigrantes, se incluya en la agenda del Consejo Europeo
de los próximos 24 y 25 de octubre.
Además, el Ejecutivo ha mantenido contactos con el
presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y con los
gobiernos de Alemania y Francia. Su objetivo es que en la
reunión de la próxima semana se aborde esta cuestión y se
tomen acciones concretas en el Consejo del próximo
diciembre, un debate que por el momento está aplazado hasta
junio de 2014.
En su propuesta, el Gobierno parte de la base de que una
“medida imprescindible” para “conseguir resultados” es
asignar a esta tarea “medios presupuestarios específicos”,
con cargo al Marco Financiero Plurianual”. España defenderá
que el control de las fronteras exteriores “es un esfuerzo
que debe ser compartido por el conjunto de la UE”.
En segundo lugar, la iniciativa española defiende la puesta
en marcha de programas a corto, medio y largo plazo de ayuda
“directa, formativa y logística” con los países desde los
que parten esos flujos migratorios a Europa. El objetivo
fundamental de este “apoyo y cooperación” de la UE es que
estos países “puedan gestionar sus extensas y permeables
fronteras de manera eficaz”.
España cuenta con experiencia reconocida en esta materia, ya
que, después de la que se conoce como la ‘crisis de los
cayucos’ en 2006, el Gobierno de José Luis Rodríguez
Zapatero puso en marcha programas de cooperación y
colaboración policial con los países de origen que han
tenido muy buenos resultado.
La prevención, la clave
El Gobierno quiere convencer ahora a la UE de que la
prevención en origen “es clave” en la lucha contra la
inmigración irregular y, por eso, defiende la necesidad de
crear mecanismos de cooperación eficaces que permitan luchar
contra las redes de tráfico de seres humanos e impedir que
los inmigrantes “sean puestos en peligro por los
traficantes”.
Se trata, además, de ayudar a reforzar sus fronteras con sus
propias fuerzas de seguridad y evitar, con el patrullaje
terrestre en las costas, que salgan embarcaciones con
inmigrantes irregulares. También aboga por establecer
mecanismos de interceptación marítima cerca de la costa de
estos países que permitan “el retorno con plena seguridad de
las víctimas de este tráfico al lugar de partida más cercano
y seguro.
Además, pretende fomentar la cooperación de estos países
organizaciones internacionales para “facilitar el retorno a
sus países de origen” y sellar nuevos ‘partenariados de
movilidad’ y ‘acuerdos de readmisión’ con los países de
origen y mantener un “intenso diálogo con ellos.
Todas estas medidas deben completarse, a juicio del
Gobierno, con una cooperación “regional, trasversal”
“multidisciplinar”, apoyada en “varios programas e
instrumentos de financiación”, en el que ejecutar programas
y acciones “a favor del desarrollo económico y social de los
países de origen y tránsito”.
Finalmente, el Gobierno pone también el acento en una
tercera pata en esta lucha: las instituciones y agencias de
la UE. A corto plazo, apuesta porque la agencia FRONTEX de
control de fronteras sea cada vez “más activa, se refuercen
y amplíen sus capacidades actuales” e incremente su
financiación para que sus actuaciones sean “más duraderas y
eficaces”.
Patrullaje conjunto
Y con el objetivo de proteger vidas humanas, aboga por un
“enfoque realista” que parte de que hay que “evitar que las
operaciones de FRONTEX se conviertan únicamente en
instrumentos de salvamento y rescate”, porque esto está
fuera de su mandato, pero también porque “provocaría un
probable efecto llamada y desestabilizaría los esfuerzos de
países de origen y tránsito”.
Así, y para combatir este riesgo, defiende que se diseñe una
estrategia que permita “la participación directa de estos
países en las tareas de control y vigilancia fronteriza”. En
concreto, propone buscar acuerdos que permitan el patrullaje
conjunto en las operaciones marítimas de FRONTEX, la
creación de equipos de investigación policial sobre el
terreno y la formación de las fuerzas de seguridad de estos
países en funciones de control y vigilancia fronteriza.
Además, anima a estudiar las posibilidades de que la UE
preste asistencia técnica y material a los países para los
retornos, insta a incrementar la coordinación entre FRONTEX
y las agencias EUROPOL y EASO y defiende la necesidad de que
comience a trabajar ya el proyecto SEAHORSE firmado
recientemente entre los países del Mediterráneo,
concretamente, España, Francia, Italia, Malta, Portugal,
Chipre, Grecia y Libia, al que pide que se sumen Túnez,
Argelia y Egipto.
Mientras tanto, el Gobierno considera que la “primera
medida” debe ser reunir la ‘Task Force’ propuesta por Italia
y aceptada por la Comisión Europea. Servirá, sostiene el
Gobierno, para “identificar de forma inmediata las acciones
e instrumentos más eficaces que los diversos actores pueden
emplear para abordar las crisis migratorias”, una cuestión
que debe ser “una verdadera prioridad” para la UE.
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