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El Senado ha dado el visto bueno al proyecto de Ley para
mejorar el suministro e incrementar la competencia en los
sistemas eléctricos insulares y extrapenínsulares. Tras su
aprobación definitiva por el Congreso, el Gobierno aumentará
el control del suministro eléctrico y también castigará los
apagones retirando las subvenciones, e incluso con
sanciones. Además, entre los objetivos de está ley, que fue
presentada por Sastre en la Cámara Alta, también está
reducir el coste final de la electricidad para el ciudadano.
Garantizar el suministro eléctrico y su calidad al menor
coste posible más allá de la península ibérica. Estos son
los principales objetivos del Proyecto de Ley para la
garantía del suministro e incremento de la competencia de
los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares que el
pasado miércoles el senador ceutí José Luis Sastre expuso en
la Cámara Alta.
El texto, que salió adelante con 132 votos a favor, 60
negativos y 14 abstenciones, busca subsanar las carencias
energéticas de estos territorios. Además, persigue sentar
las bases para el desarrollo de los nuevos regímenes
retributivos que se establezcan con la finalidad de
incrementar la competencia en estos sistemas y reducir un
precio de la energía cada vez mayor.
Después de que el Senado le diera luz verde, el proyecto
vuelve al Congreso para su aprobación definitiva. Entre las
novedades más importantes que incluye el texto se encuentra
la de establecer un mayor control sobre los operadores de
electricidad. “Se les va a obligar, por una serie de
controles técnicos, a aquellos que están en parada que
demuestren por qué, y en el caso de que no sigan funcionando
se les quitarán las subvenciones”, advierte Sastre. El
senador explica como tras aprobar la ley se van a llevar a
cabo pruebas de “estrés” a los sistemas eléctricos para ver
si son capaces de abastecer a los ciudadanos aunque los
picos de actividad estén al 100%.
“Con esta ley se va a obligar al suministrador a que
demuestre que todas sus estaciones de servicio están
preparadas para abastecer de energía a los ciudadanos y para
dar el servicio en condiciones óptimas, y no cuando el pico
de demanda sea del 50% o 60%, si no también para cuando sea
del 100%”, aclara Sastre.
Sanciones
El senador por el PP explica que para demostrar la capacidad
del suministrador se van a hacer pruebas en las que se les
exigirán que demuestren que el sistema está bien, pero que
en el caso de que no lo esté y no se arregle, se les
retirarán las ayudas del Estado. Todo ello sin perjuicio de
que se impongan sanciones y se exijan responsabilidades que
resulten procedentes según se especifica en el proyecto de
ley. Sastre también explica que las sanciones serán cada vez
mayores y que estás las fijará directamente el Ministerio de
Industria, que va a ser “mucho más duro en el régimen y el
control”.
“En Ceuta y Melilla es más fácil realizar este control”,
recuerda Sastre, ya que en las dos ciudades autónomas hay
sólo un suministrador. No obstante, el senador señala como
el Ministerio tiene medios para estar realizar un control
permanente y más intenso.
Por otro lado, Sastre explica como también se ha conseguido
en esta ley que el bombeo de energía se realice por parte
del operador del sistema, lo que “en teoría” tiene que bajar
los costes del servicio y, por ende, el precio final que
paga el ciudadano. Aún así, en Ceuta la reducción no será
tan inmediata hasta que no se extienda el cable de
suministro eléctrico entre la península y la ciudad. Será en
este momento cuando se pueda abrir el mercado de
suministradores y bajar el precio.
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El ‘fracking’ se permite, pero previo informe medioambiental
La fracturación hidráulica o
‘fracking’ ha protagonizado parte del debate de esta ley
sobre energía. Su impacto medioambiental ha llevado a muchos
sectores a pedir que no se permita esta técnica para extraer
petróleo o gas de la tierra aumentando las grietas por las
que se filtra. Sin embargo, el ‘fracking’ se ha convertido
en una de las técnicas más utilizadas por países como
Estados Unidos. En España no se plantean prohibir esta
técnica, pero en el proyecto se recoge que las empresas que
quieran llevarla a cabo tendrán que presentar un informe
medioambiental en el que se garantice que el entorno natural
no sufrirá ninguna alteración a causa de la fracturación
hidráulica.
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suministro eléctrico
