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Después de señalar que el Ayuntamiento “ha ido pagando
certificaciones a Urbaser sin preocuparse”, y reiterar que
“el Gobierno ha de reconocer públicamente una negligencia
grave que ha ocasionado un perjuicio grave a la ciudad”,
tanto Ali como Aróstegui han afirmado, además, de que el
Gobierno se está comportando con la misma alegría en
relación con Trace, a la que dos meses después de la
finalización del plazo para renovar toda su maquinaria “aún
no se le ha abierto ningún expediente por mucho que prometa
Emilio Carreira”. “Las cosas están volviendo a salirse del
cauce y a entrar en la confusión, que es lo que hace que a
la vuelta de diez o veinte años haya que hacer Comisiones de
Investigación”, han resaltado.
Los líderes de Caballas, han defendido que ”mientras que el
Gobierno disponía de un sistema de control de la prestación
de los servicio, carecía por completo de un procedimiento
regular y estable para comprobar si la empresa adjudicataria
estaba cumpliendo con lo estipulado en el contrato”, algo
según los localistas podría estar volviendo a ocurrir la
nueva empresa adjudicataria.
“El Ejecutivo no era el policía que cobraba por dejar
cometer un delito, sino el que ni siquiera iba a trabajar”,
aseguró Juan Luis Aróstegui, que dice que con Trace se opera
igual.
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Comisión de
Investigación DEL 'CASO URBASER'
