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Caballas situó como preámbulo de su comparecencia de
prensa que la Comisión de Investigación sobre Urbaser es un
“modelo que no cuenta con respaldo legal”, porque al no ser
Ceuta Comunidad Autónoma, las comparecencias de los citados
es de carácter voluntario, lo que conlleva que “el formato
que regula esta instancia limita sus posibilidades”. Alí
aclaró que “es evidente que todo aquel que ha obrado de
manera incorrecta miente y la única forma de descubrir las
mentiras es contrastando versiones alternativas pero esto no
ha sido posible en este modelo de Comisiones de
investigación”.
La coalición Caballas ha presentado sus conclusiones a la
Comisión de Investigación sobre el caso Urbaser, pero antes
quiso dejar claro que la Comisión de Investigación es un
“modelo que no cuenta con respaldo legal”, porque al no ser
Ceuta Comunidad Autónoma, las comparecencias de los citados
es de carácter voluntario, lo que conlleva que “el formato
que regula esta instancia limita sus posibilidades”, ya que
“impide obtener testimonios de interés”. Por ejemplo, Jesús
Simarro, el que fuera Consejero de Fomento con el grupo GIL
y tránsfuga del mismo para pactar con el Partido Popular en
un momento en el que se votó la renovación del contrato de
la basura, “ha pasado olímpicamente” de venir. Y Urbaser,
otro tanto de lo mismo. Estas “imprescindibles
comparecencias” en palabras de Mohamed Alí, dejaron vacía de
contenido la Comisión de Investigación, que vino a ser una
especie de brindis al sol, o sea, “res de res”, nada de
nada. “Es evidente que todo aquel que ha obrado de manera
incorrecta miente y la única forma de descubrir las mentiras
es contrastando versiones alternativas pero esto no es
posible en este modelo de Comisiones de investigación que no
cuenta con el necesario respaldo legal”, dijo Alí.
El Gobierno claudicó
Entre las conclusiones a las que ha llegado el grupo
mayoritario de la oposición, se puede destacar que la
renovación del contrato, realizado un año antes de su
finalización, se llevó a cabo de forma “irregular”, ya que
no fue elaborado por la Administración, quien únicamente se
limitó a aceptar las condiciones impuestas por Urbaser. A
este respecto y según un testimonio de un compareciente en
la Comisión, el expediente “apareció en la Consejería” y
optó por tramitarlo. Caballas considera que “el Gobierno
claudicó en las condiciones impuestas por Urbaser”.
En este sentido, Aróstegui, señala que añadir un 15% de
gastos generales por parte de Urbaser “es una barbaridad” y
solo se entiende cuando es la propia empresa quien
confecciona el pliego de condiciones.
Urbaser, a sus anchas
Año tras año, cree la coalición, el Ejecutivo de Vivas pagó
y dejó correr dinero público por un agujero que terminaba
directamente en los bolsillos de Urbaser sin preocuparse por
qué contrapartidas recibía. “Urbaser campó a sus anchas
durante 10 años mientras el Gobierno miraba hacia otro lado
y no verificaba ni si se compraban máquinas ni si se
sustituía al personal ni nada”, han resumido. “El dinero
público ha fluido sin control” y Mohamed Alí matizó que “hay
que exigirle a Urbaser, en vía judicial, hasta el último
euro”. En este sentido, Caballas explica que el contrato no
establecía un procedimiento reglado para la fiscalización
del cumplimiento de las obligaciones contractuales. “Todos
los comparecientes han aludido a la existencia de unas
reuniones entre responsables de la empresa y de la
consejería, de manera muy vaga, y de las que no existe
constancia documental. Mientras que el Gobierno disponía de
un sistema de control de la prestación de los servicio,
carecía por completo de un procedimiento regular y estable
para comprobar si la empresa adjudicataria estaba cumpliendo
con lo estipulado en el contrato”.
Por ello “nadie puede asegurar que la Ciudad haya pagado el
valor real del servicio y queda perfectamente acreditada la
falta de control que ha permitido a la empresa gestionar con
absoluta libertad el servicio, sin sujeción a las
condiciones contractuales, lo que ha podido favorecer un
enriquecimiento ilícito derivado del incumplimiento”.
La corrupción está en contrato
Juan Luis Aróstegui, que ha repetido esta frase en varias
ocasiones desde que se despató el ‘caso Urbaser’, afirmó
ayer que “la renovación del contrato, diseñada a medida de
la empresa adjudicataria, presentaba ya en su origen algunos
elementos que perjudicaban muy claramente los intereses
municipales de entre los que los más sobresalientes son el
15% de Beneficio Industrial y Gastos Generales, que supone
que durante todo el contrato la empresa ha manejado 25
millones de euros en conceptos indeterminados, y por tanto
de difícil control o justificación”.
Maquinaria
Una de sus deducciones más destacadas es que el Ayuntamiento
ha estado pagando durante 10 años maquinaria en buen uso
cuando, desde hacía tiempo, esa maquinaria no estaba en buen
estado. “La empresa cobró siempre maquinaria útil, pero
trabajó durante una gran parte del tiempo con maquinaria
inútil”, aseveró Aróstegui, quine lamentó que el Gobierno de
Vivas no hiciera un seguimiento para comprobar el estado de
los vehículos, por lo que, en palabras de Juan Luis
Aróstegui, “hemos pagado una maquinaria que no ha existido”.
En cuanto a la cuestión polémica del tratamiento de los
precios unitarios y la renovación de los vehículos, Caballas
llega a la conclusión que “el Ayuntamiento debió obligar a
la empresa a renovar el inmovilizado amortizado”. Tal y como
estipulaba el pliego de condiciones en su artículo 80. Un
incumplimiento más que, en versión de este partido de la
oposición “tiene su origen en la falta de protocolo de
fiscalización”.
Ilícito penal
A pesar de todo lo dicho la coalición considera que “no
creemos que haya malversación de fondos ni un ilícito penal,
aunque sí un enriquecimiento injusto de Urbaser provocado
por la negligencia del Gobierno de la Ciudad”. Para explicar
cual era el pensamiento de la coalición, Aróstegui puso como
ejemplo que “el Ejecutivo no era el policía que cobraba por
dejar cometer un delito, sino el que ni siquiera iba a
trabajar”.
Preguntado sobre si hubo o no despilfarro, Aróstegui
argumentó que “el problema de la negligencia es difícil de
cuantificar en el daño porque no hay datos en el
expediente”. Sin embargo, sobre el ilícito penal dijo que
habría que verlo en otros ámbitos y estudiarlo muy bien
porque “no tenemos documentos para afirmar que se hayan
apropiado de dinero de reparaciones”. Insistió Aróstegui en
el hecho de que el Ayuntamiento “ha ido pagando
certificaciones a Urbaser sin preocuparse”, por lo que en su
línea argumental, volvió a reiterar: “El Gobierno ha de
reconocer públicamente una negligencia grave que ha
ocasionado un perjuicio grave a la ciudad”.
De los 4,8 millones de exceso en el desfase reconocidos por
el Gobierno, Caballas tiene la percepción que “con toda
seguridad es bastante mayor la cantidad. No tenemos los
documentos –dicen-pero sí la convicción que la cantidad de
desfase es muy superior”.
Resúmen
El enriquecimiento injusto lo interpreta Caballas como una
consecuencia directa “de una negligente fiscalización del
contrato con Urbaser”, en cuyo cumplimiento, según Caballas,
el Gobierno de la Ciudad miró para otro lado.
Para Caballas, el contrato estaba hecho “a medida de Urbaser”
e incluye partidas que suponen un enriquecimiento injusto,
con capítulos ambigüos y con un “ánimo favorable a Urbaser”,
ademádas de echarse en falta mecanismos de control por parte
del Gobierno local.
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Caballas acelera pero sigue ‘con el freno de mano echado’
Durante su comparecencia de
prensa, tanto Ali como Aróstegui dieron la impresión de
querer meter una marcha más a su visión sobre el ‘caso
Urbaser’. Hablaron de “un Gobierno que claudicó a los
intereses de empresa”, de “enriquecimiento injusto”, de
“dinero público por un agujero”, de “descontrol y
despilfarro”, de “25 millones de euros en conceptos
indeterminados”, de ”pagar una maquinaria que no ha
existido” y de que “el defase que ha reconocido el Gobierno
en 4,8 millones es en realidad muy superior”. No obstante
sigue siendo evidente que los de Caballas ‘andan con el
freno de mano echado’, debido a los pactos ocultos que
mantienen, no con el PP, sino con el propio Vivas. De lo
contrario no tiene explicación que estén especialmente
interesados en repetir una y otra vez que no creen estar
ante un ilícito penal en las actuaciones, después de relatar
todas y cada una de las cuestiones mencionadas con
anterioridad. ¿No hay encuadre legal para situar esta figura
de costes financieros millonarios y el cúmulo de
irregularidades en la gestión? Caballas, como antaño el PSPC
se ha instalado en el clásico “sí, pero no”. En definitiva,
una forma de amagar sin pegar, como aquéllos boxeadores que
no buscan nunca el K.O. y se mueven solo en el estilismo de
un cruce de golpes que apenas afectan a su contrincante.
Mejor será que el Juzgado con o sin ilícito penal, dictamine
en su momento hasta dónde llegan las conductas relatadas.
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Comisión de Investigación DEL 'CASO
URBASER'
