Además de denunciar que “nos hallamos ante una adjudicación
verbal y fraccionada y continuada de compra de suministros”,
la Asociación aporta un dato que hasta ahora había pasado
desapercibido y que, según consta en la denuncia “llama
poderosamente la atención”, preguntándose “cómo la empresa
Kibesan 2000 S.L. durante los meses de abril y mayo de 2.013
que es cuando la Consejería de Presidencia realiza las
compras, y teniendo un objeto social cuya actividad era el
comercio al por mayor de productos de consumo duraderos,
suministra material de limpieza, textiles, calzado de
construcción y de papelería”.
“Resulta curioso -prosigue la denuncia- comprobar cómo la
empresa Kibesan 2000 S.L., en el Boletín Oficial del
Resgitro Mercantil de 26 de agosto de 2013, amplia su objeto
social para dar cobertura al material que en meses
anteriores había suministrado y cobrado a la Consejería cuya
titular es Yolanda Bel”. La denuncia presenta el documento
del Registro Mercantil donde consta “la ampliación del
objeto social del 26/08/2013: ventas al por mayor de
textiles, confección, calzado y artículos de cuero.
Productos de mantenimiento hogar. Materiales de
construcción, artículos de papelería y escritorio. Servicios
en cafés y bares. Parques o recintos feriales. La promoción,
construcción, arrendamiento y ventas”.
Sin indicios de actividad
La empresa Kibesan 2000 S.L. tenía como actividad en el
momento de realizar las ventas de los suministros a la
Consejería de Presidencia, Gobernación y Empleo, el comercio
al por mayor de productos de consumo duraderos, siendo su
administrador único, Don Jose Juan Fernández Santos, su
domicilio social en la calle Molino de Ceuta y sin indicios
de actividad, según la empresa “Informa D&B S.A.” lideres en
información financiera, comercial y de marketing,
IPSI
Por otra parte, “el no abono del IPSI por parte de la
empresa Kibesan 2000 S.L. del material suministrado, tal y
como consta en la rueda de prensa de José Antonio Carracao,
según fuentes del propio Organismo Autónomo “Servicios
Tributarios” puede indicar que, “o bien el material no se
suministró, o que se lo compró a otra empresa con lo que el
precio repercutido a la Consejería de Presidencia,
Gobernación y Empleo por esos suministros ha podido ser
mayor”, recoge la denuncia a la que ha tenido acceso EL
PUEBLO.
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