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El diputado Juan Luis Aróstegui, del Grupo Caballas,
presentó ayer una interpelación acerca de un decreto de la
Consejería de Fomento requiriendo la subsanación de
deficiencias en un local situado en la carretera de Loma
Larga sin número, concretamente el local donde se ubica la
rotativa de Cealfe, empresa editora de EL PUEBLO.
Aróstegui insistió en por qué no se cierra este local y se
le permite la actividad de realizar periódicos, pero la
consejera explicó al diputado que se cumplen todos los
requisitos legales, y que del mismo modo que pasa en otros
casos similares, el local no se cierra porque está siguiendo
el curso normal. La consejera defendió que se estaba
actuando del mismo modo que se actúa cuando se solicita una
licencia de apertura por “actividad clasificada”, ya que se
trata de un “expediente administrativo normal y corriente” y
que no había “cuestiones ocultas”. Asimismo, Román le
recordó que él mismo había abogado en otras ocasiones por
una administración “garantista” de los derechos del
ciudadano. La consejera apuntó que la administración intenta
ayudar “lo mejor que puede” a los empresarios ante el
“farragoso” papeleo, un proceso en el que intervienen áreas
como “Sanidad, Bomberos, Industria o la Delegación del
Gobierno”. “En este país tenemos que mirar hacia la empresa
privada, con este y con cualquier otro empresario”,
sentenció. Román se amparó en la ley, explicándole que los
locales no se cierran si se subsanan los errores.”Me consta
que los técnicos de mis Consejería son bastante
insistentes”, apuntó- y mientras “no se incumplan normas de
manera fragante”, tal como se recoge en sentencias del
Tribunal Supremo. “Cuantos más papeles, más garantías, no
más mentiras”, recordó la consejera, en respuesta al
diputado del Grupo Caballas.
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SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO
