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política - DOMINGO, 30 DE JUNIO DE 2013


Los socialistas, durante un Pleno de la Asamblea. ARCHIVO

propuesta al pleno de la asamblea
 

El PSOE instará al Pleno a firmar y adoptar un ‘Código
de Buen Gobierno’

Entre las propuestas, garantizar la
transparencia e igualdad de oportunidades para todos los proveedores que envíen ofertas, promoviendo la competencia siempre que sea posible

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Grupo Socialista llevará a la sesión de Pleno de mañana, una propuesta para velar por la transparencia en la gestión política del Gobierno de la Ciudad. Una serie de medidas que velan por esta cuestión, conforman el contenido de la iniciativa socialista. José Antonio Carracao plantea mayor agilidad en la gestión pública y mejor conocimiento de la misma por parte del ciudadano.

Para la elaboración del Código de Buen Gobierno se ha tenido en cuenta el Código de Buen Gobierno Local elaborado por la Federación de Municipios y Provincias y aprobado por todos los grupos políticos en 1.999 y la Orden APU/516/2005, de 3 de marzo, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros de 18 de febrero de 2005, por el que se aprueba el Código de Buen Gobierno de los miembros del Ejecutivo y de los altos cargos de la Administración General del Estado.

Entre los principios básicos que contiene la propuesta del Grupo Socialista, se encuentran los siguientes:

Los representantes y cargos públicos de la Ciudad Autónoma de Ceuta actuarán, en el desempeño de sus funciones, de acuerdo con la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico, y ajustarán sus actuaciones a los siguien, y vigilarán siempre la consecución del interés general y el cumplimientotes principios éticos y de conducta que se desarrollan en este Código: objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, credibilidad, imparcialidad, confidencialidad, dedicación al servicio públco, transparencia, ejemplaridad, austeridad, accesibilidad, eficacia, honradez y promoción del entorno cultural y medioambiental, y de la igualdad entre hombres y mujeres.

Otro aspecto a destacar es el siguiente: se abstendrán de toda actividad privada o interés que pueda suponer un riesgo de plantear conflictos de intereses con su puesto público, entendiendo que existe conflicto de intereses cuando los cargos electos intervienen en las decisiones relacionadas con asuntos en los que confluyan a la vez, intereses de su puesto público e intereses privados propios, de familiares directos o intereses compartidos con terceras personas.

El cuarto punto de este Código se refiere a que “velarán por promover el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres y eliminarán los obstáculos que puedan dificultarla”.

Se someterán a las mismas condiciones y exigencias previstas para el resto de los ciudadanos en las operaciones financieras, obligaciones patrimoniales o negocios jurídicos que realicen. No aceptarán ningún trato de favor o situación que implique privilegio o ventaja injustificada por parte de personas físicas o entidades privadas. No influirán en la agilización o resolución de trámites o procedimiento administrativo sin justa causa y, en ningún caso, cuando ello comporte un privilegio en beneficio de los titulares de estos cargos o su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

Actuarán de acuerdo con los principios de eficacia, economía y eficiencia, vigilando siempre la consecución del interés general y el cumplimiento de los objetivos de la organización. Se abstendrán de todo tipo de negocios y actividades financieras que puedan comprometer la objetividad de la Ciudad Autónoma en el servicio de los intereses generales.
 


Un Código que debería ser un mandato ético y de conciencia

A simple vista, la propuesta del Grupo Socialista, puede parecer una obviedad pero a tenor de la situación que se vive en política y de las sospechas permanentes que se detectan, no lo es tanto porque “la mujer del César no sólo ha de ser honrada sino también parecerlo”.

En este caso, los asuntos y sospechas de corrupción en las principales instituciones del Estado, lejos de disminuir, no han hecho mas que aumentar, tanto en número como en gravedad, lo que origina una profunda desafección y desconfianza de la ciudadanía. Por ello, no sería ningún disparate, asumir por el bien del propio sistema democrático y los partidos políticos, un Código de Buen Gobierno, con unas prácticas adecuadas a la decencia y ética, para evitar sospechas de permisividad, complicidad o corrupción. Un ideario necesario y que la ciudadanía, siempre que se cumpliera, lo agradecería.
 


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