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La Asociación de Promotores aseguró ayer que la nueva
ordenanza de concesión de cédulas de habitabilidad,
promovida por el Gobierno de la Ciudad con apoyo de la
oposición para dotar de servicios básicos, como el
suministro eléctrico, a viviendas ilegales, supone en la
práctica un “premio” a quien “incumpliendo la legalidad, sin
pagar impuestos ni tasas”, construye fuera de la ley. La
consejera de Fomento, Susana Román, aseguró ayer que el
texto, que se presentará al próximo Pleno, ha sido
“modificado” y que lo que se otorgará serán “autorizaciones
puntuales”, algo que tampoco convence a los empresarios.
La Asociación de Promotores de Ceuta considera que la nueva
ordenanza que el Gobierno local ha promovido con apoyo de
los dos grupos de oposición en la Asamblea, tanto Caballas
como el Socialista, es un “premio otorgado a través de un
documento administrativo”, a quien incumple la legalidad
urbanística.
Así lo expresan los empresarios del sector en un comunicado
tras haber estudiado “el documento correspondiente a la
aprobación inicial” de la Ordenanza Reguladora de la
concesión de la cédula de habitabilidad’ y, “en especial, la
redacción que se da al artículo 13 de la misma”. El texto
fue aprobado en el pleno ordinario de la Asamblea del pasado
mes de enero. “De la simple lectura del mismo se desprende
que supone legalizar por la vía de hecho la situación ilegal
de multitud de viviendas”, señala el escrito de la
Asociación. Es decir, el propio artículo dice que “en
aquellas construcciones realizadas sin la preceptiva
licencia que no fueren legalizables por ser contrarias al
planeamiento urbanístico, se podrá autorizar con carácter
excepcional, previo informe favorable de los Servicios
Técnicos, la contratación de los servicios básicos con las
compañías suministradoras hasta tanto se resuelva el
procedimiento para la regularización de las construcciones
de acuerdo al desarrollo del planeamiento urbanístico”.
Los promotores consideran que se produce “un agravio
comparativo con quien asumiendo el máximo esfuerzo de ahorro
y restricciones en la renta disponible adquiere una vivienda
‘legal’, la cual está sometida a todo tipo de tasas,
impuestos, dotación para instalaciones de suministro,
principalmente eléctrico, etc., etc., todo ello repercutido
en el precio de la misma”.
La Asociación de Promotores cree “sin duda” que esta
ordenanza es un “premio otorgado a través de un documento
administrativo, el cual harán sin duda valer en cualquier
instancia, a quien incumpliendo la legalidad, sin pagar
impuestos ni tasas construye una vivienda ilegal”. “Al final
tendrá de hecho acceso al suministro como si la vivienda
hubiera sido ejecutada por otro administrado cumplidor del
planeamiento”, advierte. “Tampoco nos confortaría que la
medida tuviera un carácter temporal”, advierten
anticipándose al hecho de que en lugar de una cédula de
habitabilidad se conceda una “autorización puntual o
extraordinaria” como adelantó ayer la consejera de Fomento,
Susana Román. En el mismo sentido, apuntan los promotores,
subrayando parte del texto en mayúsculas, que “todos los que
vivimos y trabajamos aquí sabemos que será del todo
imposible que transcurrido un periodo de tiempo y aunque el
expediente de regularización fuera desestimado, nadie,
ningún trabajador de ninguna empresa va a cortarle el
suministro al que incumplió la ley”.
Supresión del artículo
Por lo expuesto desde la Asociación de Promotores, que forma
parte de la CECE, solicitan “encarecidamente” que
desaparezca del texto el mencionado artículo 13 en su
totalidad, “el cual ya en su enunciado habla de Régimen
Especial, es decir, dotar de un suministro a una vivienda
ilegal cuando tanto esfuerzo y sacrificio les cuesta a otros
conciudadanos”.
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Los empresarios valoran las medidas que se arbitran en el
caso de las viviendas nuevas y legales
Los promotores valoran de la nueva
ordenanza que en las viviendas de reciente construcción, “se
suprima la obligatoriedad de la obtención de la cédula de
habitabilidad, ya que han debido superar varias inspecciones
administrativas, tales como la concesión de la licencia, las
licencias de utilización por parte de diversos organismos,
la idoneidad de las instalaciones con las empresas
suministradoras, así como la obtención de la licencia de
primera ocupación”.
Obviando las críticas, pues aseguró no haberlas leído aún,
la consejera Román se centró en lo que a su modo de ver
“interesa” a los promotores esta normativa. “Con esta nueva
ordenanza, una vez que se tenga la primera ocupación no será
necesario que cada una de las personas físicas que vaya a
formalizar su contrato de alumbrado, o lo que sea, tenga que
formalizar una cédula de habitabilidad, de ahí que los
promotores tengan cierto interés porque les agiliza bastante
lo que es la firma desde la primera ocupación hasta que
pueden formalizar cada uno su compraventa o hipoteca”.
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fomento
