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Como hemos venido publicando, la Mesa para la
adjudicación del contrato de Publicidad Institucional
excluyó ayer, a Cealfe S.L., editora de ‘El Pueblo’, con la
excusa de no cumplir con los requisitos técnicos que se
solicitaban. Mientras, la editora de ‘El Faro de Ceuta’,
‘Joaquín Ferrer y Cía’, de forma sorprendente, se le concede
tres días para demostrar su “solvencia económica”. Dos
técnicos votaron a favor de ‘El Pueblo’, mientras otros dos
técnicos y el viceconsejero de Hacienda, Manuel Carlos
Blasco, votaron en contra.
Lo veníamos diciendo. Dijimos hasta la saciedad que era un
pliego de condiciones ‘a medida’ y dirigido al El Faro y no
mentimos. Aseguramos que el Gobierno apostaba por una
empresa concreta y así ha sido. Aunque aun no es oficial, la
Mesa de Contratación para el contrato de Publicidad
Institucional excluyó ayer a una de las dos empresas
licitadoras del concurso, ‘Cealfe S.L.’, editora de ‘El
Pueblo de Ceuta’ y ha dado tres días de plazo, de forma
sorprendente, a ‘Joaquín Ferrer y Cía’ -la editora de ‘El
Faro de Ceuta’- para que demuestre su “solvencia económica”,
en una muestra más de la discriminación ha invadido todo
este proceso. La reunión estuvo presidido por el
viceconsejero de Hacienda, Manuel Carlos Blasco, que fue uno
de los que votó a favor de dejar a este medio fuera en el
‘primer corte’. Además, otros dos técnicos, orientados por
el “técnico de Comunicación”, José Carlos García Corral,
también votaron en contra de que ‘El Pueblo’ continuara en
el concurso. La razón al parecer y según el criterio
subjetivo utilizado es que la acreditación por parte de
‘Cealfe S.L,’ de la documentación técnica no cumplía con los
requisitos. Sin embargo, los otros dos técnicos que formaban
la mesa dieron su voto favorable a que ‘El Pueblo’
continuara en el concurso ya que afirman que cumple con
todos los parámetros incluidos en el pliego de condiciones.
Es decir, dos técnicos votaron que sí, dos que no y el
político inclinó la balanza negativamente .
La OJD
Recordar que José Carlos García, cargo de libre designación,
fue uno de las dos personas, junto a Diego Sastre, que firmó
el pliego de condiciones técnicas en el que se incluía que
la publicidad institucional iba a ser destinada a un “solo
medio de comunicación escrito”, junto a las dos televisiones
y las tres radios de la ciudad. Para dar una apariencia de
legalidad al pliego, se exponía la “posibilidad” de que “si,
por una razón justificada, el empresario no está en
condiciones de presentar las referencias solicitadas (OJD),
podrá acreditar este criterio por medio de cualquier otro
documento que se considere apropiado y que el Órgano de
Contratación considere válido”. ‘Cealfe S.L.’ presentó toda
la documentación a partir del informe realizado por una
empresa auditora de reconocido prestigio, pero la decisión
política ya estaba tomada de antemano.
La “posibilidad” que se ofrecía para acreditar la “solvencia
técnica” mediante otro documento distinto a la OJD ha estado
sometida al criterio y aprobación de esta Mesa, lo que ha
constituido, tal y como anunciaba este diario en su edición
del pasado 7 de mayo, una grave barrera de entrada al
concurso para cualquier licitador que no sea miembro de la
citada oficina. Así lo anunciabamos y así el Gobierno de
Vivas se ha encargado de no permitir el acceso de ‘El
Pueblo’ en condiciones de igualdad.
Posibles acciones legales
Durante la celebración de la Mesa, al igual que ocurriera el
pasado día 8, estuvieron presentes como “invitados” el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, José Antonio
Carracao, y el diputado del Grupo Caballas, Juan Luis
Aróstegui. Este último fue ayer preguntado en rueda de
prensa sobre este contrato, ya que el partido había
convocado -según rezaba en el asunto del correo electrónico-
para hablar del Contrato de Publicidad Institucional. “Si es
el tema de actualidad, por eso se habrá colado”, afirmó
Aróstegui, a lo que añadió que no tuvieron “ni voz ni voto”
en la Mesa. “Se han abierto las plicas correspondientes y a
una de las empresas se le va a dar un plazo de tres días
para subsanar defectos de forma porque no ha acreditado
suficientemente o correctamente la solvencia económica y
otra empresa ha quedado excluida porque, a juicio de la Mesa
de Contratación, no reunía los requisitos de solvencia
técnica para optar al contrato”.
‘Cealfe S.L.’ ya estudia emprender acciones legales ante las
multiples irregularidades y la situación de discriminación
que se ha producido, ya que la adjudicación no se está
realizando en condiciones de igualdad.
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concurso
