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Carracao ha mostrado esta semana su recelo sobre el
interventor y la secretaria general, pero CSI-F fue el
primero en denunciar que la capacidad de fiscalización de
ambos técnicos estaba limitada ya que fue el propio
Ejecutivo Local quien los nombró. Esta denuncia toma hoy más
fuerza tras el presunto pago indebido a Urbaser. A este
respecto, la inminente aprobación de la reforma de la Ley de
Racionalización de la Administración Local, la cual quiere
fortalecer la figura del interventor local para dotarlo de
una mayor imparcialidad y garantizar así un control
financiero y presupuestario más riguroso, daría al traste
con el actual organigrama en Ceuta.
Con los últimos acontecimientos que se están produciendo en
la Ciudad, toma cada vez más fuerza lo ya denunciado por CSI-F
a primeros de diciembre de 2012, cuando en una entrevista
que este diario hizo al presidente del sector de la
Administración local de CSI-F, Antonio Noguera, resaltaba
que “los puestos de interventor, tesorero y secretario
general deben ser funcionarios del Estado agregados a los
gobierno autónomos con el objetivo de que puedan tener
cierta autonomía con respecto al Ejecutivo de la localidad”,
a la vez que indicaba que aunque los nombramientos de estos
tres cargos, designados por el Ejecutivo de Juan Jesús
Vivas, son con carácter eventual, “esta situación no se
puede consentir, porque precisamente estos tres puestos son
los encargados de fiscalizar la labor del gobierno local y
por consiguiente, si el nombramiento es realizado por el
ejecutivo autonómico su labor está de alguna manera
supeditada o condicionada”.
En esa misma entrevista, Noguera insistía en que estos
cuerpos deben ser habilitados por el Estado ya que tratan de
ejercer con neutralidad e independencia los controles de
legalidad al servicios de los ciudadanos en los
ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones provinciales.
Ahora, el secretario general del PSOE en Ceuta, José Antonio
Carracao, tras el presunto pago indebido por parte de la
Ciudad a Urbaser, también ha denunciado que “el interventor
y la secretaría general deberían ser desempeñados por
funcionarios de habilitación estatal y no dependientes del
Ejecutivo local” al igual que el Tribunal de Cuentas que en
su informe correspondiente a los ejercicios 2008 y 2009
también recoge que los puestos de interventor, secretario y
tesorero de la Ciudad no han sido desempeñados por
funcionarios con habilitación estatal, tal y como así viene
estipulado por ley en el capítulo de organización general de
los servicios y el personal de la Ciudad.
Esta presumible irregularidad que la Ciudad viene
manteniendo desde hace años en los nombramientos del
interventor, secretario y tesorero, puede tener
consecuencias bastante graves tal y como destacaba
recientemente, Ignacio Pérez Sarrión, un licenciado en
Derecho por la Universidad de Valencia y funcionario con
habilitación de carácter Estatal, perteneciente a las
subescalas de Secretaría-Intervención y Secretaría de
Categoría Superior, quien dedicaba un artículo especialmente
dedicado a los interventores ante la reforma que se avecina.
No en vano hay que resaltar que la Ley 7/1985, de 2 de
abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local y donde
queda reflejada la figura del interventor, tesorero y
secretario y cómo deben ser ocupados dichos puestos, se
encuentra en revisión desde el pasado 6 de marzo de 2011, y
la reforma que se plantea persigue tres objetivos básicos,
tal y como así resalta Pérez Sarrión: Racionalizar la
estrcutura organizativa de la administración local de
acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio
financiero; clarificar las competencias municipales para
evitar duplicidades con las competencias de otras
Administraciones; y fortalecer la figura del interventor
local para dotarlo de mayor imparcialidad ya garantizar así
un control financiero y presupuestario más riguroso de las
Administraciones locales.
Con respecto al tema que interesa, que es la figura del
interventor, hay que resaltar que el Gobierno central ha
comenzado a plantear la importancia que tiene el interventor
por la necesidad de control económico, de ahí que la reforma
que está planteando el Ejecutivo nacional, y cuya aprobación
es inminente, pasa diseñar un escenario en el que se aleja
del ámbito de decisión local la gestión del personal
funcionario que desempeña las funciones de control interno,
que son clave para aumentar el rigor del control de
legalidad y financiero de la gestión local. Además,
establece en una reforma del artículo 213.3 y señala que
“los órganos interventores de las entidades locales
remitirán con carácter anual a la Intervención General de la
Administración del Estado, un informe resumen de los
resultados de los citados controles desarrollados en cada
ejercicio, en plazo y con el contenido que se regulen en las
normas indicadas. Asimismo, el órgano interventor remitirá,
anualmente, al Tribunal de Cuentas todas las resoluciones y
acuerdos adoptados por el Presidente de la entidad local y
por el Pleno de la Corporación contrarios a los reparos
formulados, así como un resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos”.
Por tal motivo, la reforma deja caer que lo que se pretende
es acentuar la independencia de los Interventores. No en
vano el informe que se elevó al Consejo de Ministros sobre
el anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración Local se indicaba que “se fortalece la
figura del interventor municipal, que dependerá
funcionalmente de la Administración General del Estado para
dotarle de mayor independencia y objetividad, así como
garantizar la legalidad y el control financiero y
presupuestario”, además también de resaltar que “se
fortalece la figura del interventor municipal y de los
funcionarios con habilitación estatal con el objetivo de
aumentar la independencia, profesionalidad y objetividad en
el ejercicio de sus funciones de garantizar la legalidad y
el control financiero y presupuestario en la gestión local,
ya que se recupera su dependencia funcional de la
Administración General del Estado”.
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