“Se va a reformar las legislación en cuanto a medidas de
protección integral sobre la violencia de género para
incluir a los menores”, anunció ayer en rueda de prensa la
delegada del Gobierno para la violencia de género, Blanca
Hernández Oliver, que visitó Ceuta para participar en el ‘I
ciclo de conferencias sobre violencia de género: aspectos
jurídicos y psicoeducativos’, organizado por la Delegación
del Gobierno y la Universidad de Granada.
La delegada anunció también que se va a actualizar el
protocolo de actuación ante el maltrato infantil. “Es muy
importante que los órganos judiciales se pronuncien acerca
de las medidas civiles que afectan al régimen de visitas de
los hijos de las víctimas porque estamos viendo casos que
nos hacen detectar que en muchos casos es peligroso conceder
el régimen de visitas a un padre que está condenado por
violencia de género”, explicó.
En cuanto a si existe o no posibilidad de mediación,
Hernández apuntó que la mediación “exige un principio
esencial que es la igualdad entre las partes”, un hecho que
no sucede en la violencia de género, por lo que -continuó-
la mediación no debe ser un instrumento para solucionar la
situación”.
La delegada recordó que, en cualquier caso, “detrás de la
ley está la conciencia ciudadana y es necesario que esta se
conciencie del problema”. “Hay que crear una sociedad libre
de violencia de género”, apuntó. Por todo ello, la delegada
recordó también “las 12 mujeres que han muerto a
consecuencia de la violencia de género en lo que va de año,
a las que están sufriendo agresiones en este momento, y a
las valientes que han salido de la violencia y que cada vez
son más”.
Aunque en cuanto a estadísticas, Hernández explicó que estas
se realizan desde 2003. Este ha sido el primer año en el que
han incluido a los niños víctimas de la violencia de género,
así como a los que quedan huérfanos a causa de los
asesinatos de sus madres.
“También se pretende ampliar estos datos a otras formas de
violencia sobre la mujer, como es la mutilación femenina, la
trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual,
los matrimonios forzados, etcétera”, explicó la delegada,
quien en ese sentido exigió la “implicación de todas las
administraciones, y la necesidad de un consenso, que es
crucial para avanzar”.
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