Una de las cuestiones a resolver con la implantación de la
Oficina Judicial es el destino de tres funcionarios, un
secretario judicial y dos gestores.
Estas plazas ya se habían concursado y estaban pendiente de
asignación. El problema surge porque una de las unidades de
la Oficina Judicial (SCOP) finalmente no se implantará. La
solución aportada por el Ministerio de Justicia es la
apertura de un periodo voluntario por si quieren renunciar
al puesto. Si no renuncian, quedarían adscritos con la
reserva de todos sus derechos adquiridos. Silguero considera
que es la solución más correcta y así lo han transmitido a
la Junta de Personal. Afirma que ya se ha dictado una
instrucción para que se notifique a cada uno de los
afectados de forma directa el plazo de renuncia voluntaria.
Todo el proceso se ha consultado con la Abogacía del Estado
para que se cumplan las garantías.
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