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Muchas empresas suministradoras de la Ciudad no perciben
las cuantías económicas que les corresponden por sus
servicios, en algunos casos, desde el pasado mes de
septiembre, a pesar de que la Ley de Morosidad fijó unos
plazos máximos de 45 días a las administraciones públicas
para los pagos a sus proveedores y que tanto el Presidente
Vivas como el Consejero de Hacienda, Guillermo Martínez, han
afirmado en varias ocasiones que “el pago a los proveedores
es uno de nuestros propósitos principales” y que “los
servicios de Intervención tienen claro el objetivo de
aliviar todo lo que esté en plazo legal de pago a
proveedores”.
La Ciudad Autónoma no consigue cumplir los plazos de pago a
sus proveedores, circunstancia que lleva a muchísimas
empresas ceutíes a una dificil situación económica. Muchas
empresas suministradoras de la Ciudad no perciben las
cuantías económicas que les corresponden por sus servicios,
en algunos casos, desde el pasado mes de septiembre, a pesar
de que la Ley de Morosidad fijó unos plazos máximos de 45
días a las administraciones públicas para los pagos a sus
proveedores, con un periodo de adaptación. El periodo
transitorio para que las administraciones públicas reduzcan
su límite de plazo se extendía hasta el presente año 2013,
con una escala de 50 días para 2011, 45 para 2012 y 30 días
desde el 1 de enero de 2013.
El ministro de Hacienda ha asegurado en varias ocasiones que
hay que impedir que las administraciones se financien a
costa de no pagar a los proveedores. Además, ha garantizando
que se cumplirá “estrictamente” la Ley de Morosidad. “Las
administraciones españolas no pueden vivir situaciones de
morosidad porque provocan la crisis empresarial, la de los
autónomos que son los proveedores de las administraciones,
al interrumpir la circulación económica”, ha subrayado.
Precisamente ‘The Wall Street Journal’ publicó el pasado 28
de diciembre un artículo en el que advertía de que la
recuperación española está enterrada por los impagos de la
administración a los proveedores
La vulneración de las normas de pago unidas a la
proclamación del superavit de 22 millones de euros anunciado
por Juan Vivas al Secretatrio de estado de Administraciones
Públicas, Antonio Beteta, no encaja en las cuentas que no le
salen a los proveedores y que están a la espera de percibir
sus pagos.
En muchas ocasiones se ha venido diciendo que estos retrasos
eran ocasionados por el departamento de Intervención que,
pese a estar el dinero disponible y contemplado por
Tesorería para su abono, no acababa de liquidarse por
cuestiones de índole administrativo y de burocracia que no
acaban de entender los proveedores, en su mayoría pequeñas
empresas que vienen sufriendo la crisis económica agravada
con estas demoras.
Al menos, lo que esperan los pequeños proveedores es que las
cantidades que se les adeudan, se atengan a los plazos de
abono establecidos por las normas dictadas por el Ministerio
de Hacienda y así, no se vuelvan a cometer los retrasos y
problemas que hicieron acudir a Plan de Pago a Proveedores,
con los 82 millones de préstamo ICO al 5% de interés anual.
Se han dado casos de empresas a las que se les ha puesto más
inconvenientes de los deseables para no incluirlas en el
reconocimiento de deuda y cuando se ha hecho, con las
justificaciones de facturas necesarias, ahora se encuentran
con el retraso que mencionamos, lo que les origina un
inconveniente más para percibir un dinero que es suyo y no
han de demorarle en su percepción.
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Caballas afirma que hay “siete millones sin consignación
presupuestaria”
Caballas denunció el pasado
miércoles en rueda de prensa que en Intervención hay “siete
millones de euros sin consignación presupuestaria en el año
2012”. “Y todavía no se han abierto todos los cajones”,
agregó. “Y este fue el origen de ese crédito de 82 millones
que van a pagar todos los ceutíes”, apuntó el número tres
del partido, Juan Luis Aróstegui. En cuanto al dinero sin
consignación, matizó que hace referencia principalmente “al
contrato de Urbaser, facturas del alumbrado público, de
medios de comunicación....”. En total, 14 millones, que
Intervención ha depurado y solo acepta siete”, añadió. Por
su parte, el Consejero de Hacienda, contestó a las
declaraciones de Caballas que “los siete millones son
facturas sin pagar, que no hay ningún problema y se abonarán
en los próximos meses”. Así justificó parte de ellas “porque
se han ido pagando facturas del ejercicio 2011 en 2012 y,
por lo tanto, se han comido parte del presupuesto“.
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ley de morosidad / pago a proveedores
