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La responsable de la Consejería de Fomento, Susana Román,
abrió ayer la puerta a la “regularización” de determinadas
compras ilegales de viviendas de protección oficial. El
asunto salió a colación durante la exposición del nuevo
sistema de inspección de viviendas que lleva a cabo la
sociedad municipal Emvicesa, la tercera de las propuestas
que Román defendió ayer en el Pleno de la Asamblea, que se
aprobó con los votos a favor de la oposición.
En concreto, la consejera señaló que lo que se pretende con
estas inspecciones del parque de vivienda pública es que “la
disfruten las personas que realmente lo necesitan” y no
“levantar ampollas o crear situaciones indeseables”. “Nos
vamos a encontrar -anunció- con situaciones puntuales en las
cuales habrá personas que hayan adquirido la vivienda por
contrato privado a otras y que sigan pagando su recibo y
realmente están dentro de ese análisis de personas que
pueden encajar en una vivienda social y lo que tendremos que
hacer en esos casos es regularizar esas situaciones”.
En su primer turno de palabra, Momahed Alí afirmó que los
representantes de Caballas se llevaron “las manos a la
cabeza” cuando en la última Comisión de Vivienda se les
confirmó de que este tipo de fraude, consistente en
transmitir o realquilar VPO, alcanza en la promoción de
Serrano Orive al 25 o 30% de las adjudicaciones. No
obstante, los casos de especulación son para Alí, una
“casuística genérica en la mayoría de las promociones y
adjudicaciones que se han hecho”, aunque destacan “algunas”
entre las que citó Patio Páramo o Poblado Legionario.
Alí destacó asimismo que la vivienda es un bien escaso en
Ceuta y que cuando se trata además de vivienda protegida no
se debería “permitir por ninguno de los presentes la
especulación”. “Para que nos tomen en serio los ciudadanos
es importante que cuando se adjudica una vivienda se
adjudique a una familia que lo necesita, no sólo que haya un
servicio de inspección que vele porque esas personas
utilizan esa vivienda”.
El portavoz de Caballas recordó que hay ciudadanos sin hogar
alojados de forma provisional por Asuntos Sociales y un
registro con más de 3.000 demandantes de VPO, por lo que “no
se puede tolerar que se esté especulando con la vivienda
pública”.
Por su parte, José Antonio Carracao, del Grupo Socialista,
calificó de “muy mala noticia” el hecho de que haya que
aprobar un plan contra el fraude “cuando se han entregado
5.000 viviendas y ha habido un gobierno encargado durante 11
años de su gestión”. “Es una cuestión que todo el mundo
conoce, que está a pie de calle, todos sabemos lo que ocurre
y si lo sabe la ciudadanía, lo tiene que saber la
administración, que ha permitido que ocurra”, afirmó. A
partir de ahora hay que dar solución, remarcó, a un problema
generado “por mirar a otro lado, por participar en algunos
casos con esa inacción”.
Respecto a la “regularización” de casos de compra-venta o
alquiler fraudulento, Carracao pidió una “aclaración” a la
consejera, porque “es verdad que esa persona puede tener una
necesidad de vivienda pero no es menos cierto que ha
accedido a ella de forma ilegal y al hacerlo está quitándole
la posibilidad a alguien que está durmiendo el sueño de los
justos en la bolsa de vivienda y llevan esperando a lo mejor
quince años y encima van a ver cómo a personas que acceden
ilegalmente encima se les va a regularizar su situación”.
“Habrá que mirar caso por caso y cuando sea difícil y dura
la situación, mirar por el interés general y por la
legalidad”, concluyó el socialista, para señalar que ese
“cascabel” se lo tiene que poner al gato el Gobierno.
Román argumentó en sus conclusiones que el fraude “es un mal
endémico en este país” que va “más allá de un gobierno”
aunque en todo se está “aquilatando” el uso de lo público y
que este es un efecto positivo de la crisis.
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PLENO ORDINARIO DE LA ASAMBLEA
