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El Gobierno presentó ayer a Pleno tres propuestas, todas
ellas, defendidas por la consejera de Fomento, Susana Román.
La primera, para la aprobación del dictamen sobre el
suministro eléctrico, enfrentó a los populares con los dos
grupos de oposición. Aunque los socialistas votaron a favor,
le reprocharon, entre otras cosas, que después de 12 años en
el Gobierno local, los populares actúen “sólo cuando hay un
colapso”. Por su parte, Caballas negó la “utilidad” que
Román atribuye al informe a la hora de mejorar el servicio y
acusó a la Ciudad de “connivencia” con la Empresa de
Alumbrado al no exigirle ciertas medidas.
El dictamen surgido del encargo a un catedrático de Sevilla
y del trabajo de una comisión específica sobre el suministro
eléctrico enfrentó ayer a la oposición y el Gobierno. El
documento, presentado en la Asamblea por la consejera de
Fomento, Susana Román, fue aprobado con los votos del Grupo
Popular y el Socialista, y aunque este último también le
puso sus “pegas” fue Caballas el que se opuso a su
resultado, rechazando la utilidad que le atribuye el
Ejecutivo de Vivas, al que acusó además de “connivencia” con
la Empresa de Alumbrado.
Román defendió que el dictamen ha sido “útil y eficaz” para
mejorar el servicio, ya que admitió que los fallos en el
suministro registrados entre agosto de 2010 y abril de 2011,
incluido un ‘cero’ o apagón absoluto, “iban más allá de la
mera casuística o del porcentaje normal”. Entre los
problemas detectados Román refirió un “mantenimiento
insuficiente” y la “obsolescencia” de equipos e
instalaciones, en su mayor parte, “responsabilidad del
distribuidor”, es decir, Alumbrado. Además se constató un
“retraso en la reposición del suministro” tras los apagones,
se señalaba por el experto la necesidad de construir una
subestación y, para resolver los problemas a largo plazo,
instalar el doble cable submarino de conexión con la
península.
Román afirmó que se están cumpliendo “todos los parámetros”
marcados en el informe, como el cambio de cableado “a medio
plazo”, y que se ha mejorado la “coordinación” ante las
incidencias. Sin embargo, el portavoz de Caballas, Juan Luis
Aróstegui, reprochó al Gobierno, entre otras cosas, que el
servicio de vigilancia 24 horas se haga “por internet” y le
acusó de “no conocer” en qué consiste el recomendado
refuerzo de las brigadas de guardia. “Hay deficiencias
estructurales que han de ser abordadas por las autoridades”,
concluyó.
Respecto a las incidencias causadas por la desaladora, la
consejera aseguró que se resolverán con la puesta en marcha,
“entre 2014 y 2015” del quinto módulo.
Por su parte, José Antonio Carracao, que ejerció de portavoz
de los socialistas en este punto, felicitó al Ejecutivo
popular “por la actividad actual en relación a este asunto”,
aunque según recordó “lleva 12 años gobernando y sólo actúa
cuando se llega al colapso”. También expresó su
“preocupación” porque con todas las incidencias que ha
habido “sólo se haya conseguido cobrar una multa de 600.000
euros”. Finalmente, reprochó que se sigan instalando cables
aéreos, cuando lo que “exige la ley” es soterrarlos.
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Aróstegui recuerda al Gobierno que la concesión de los
terrenos de Endesa termina en 2015
En lo único que estuvieron de
acuerdo PP, PSOE y Caballas respecto al suministro eléctrico
fue en la necesidad de tender un cable con la península. La
consejera Román anunció que el día 31 tiene concertada una
reunión en Red Eléctrica Española (REE) para establecer un
calendario respecto a la instalación del cable con un plazo
que va, dijo, del 2014 a 2020. No obstante, Juan Luis
Aróstegui señaló al Gobierno que esta no ha de ser una
“petición”, sino una “exigencia”, ya que aunque se tienda el
cable, “siempre va a tener que seguir produciéndose energía”
en Ceuta y tal como recordó, la concesión administrativa de
Endesa en el puerto termina en 2015. Si a partir de esa
fecha, la compañía siguiera en la misma ubicación sería
“ilegal”, pues esta actividad no está permitida por las
actuales leyes en ese lugar, por lo que de ser así se
incurriría en una “prevaricación”, al incumplirse una ley a
sabiendas de su existencia, sugirió. En este punto, el
consejero Francisco Márquez le replicó desde la bancada
popular y el presidente de la Asamblea, Juan Vivas, tuvo que
zanjar lo que se había convertido en un “diálogo”.
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PLENO ORDINARIO DE LA ASAMBLEA
