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El Ministerio de Fomento ha recortado un 56,4% los contratos
de obras civiles sacados a concurso en los diez primeros
meses del año respecto al mismo periodo de 2011. En el
ámbito de las administraciones autonómicas sólo La Rioja y
Cataluña incrementaron sus inversiones (un 121,7 y un 16,4%,
respectivamente, mientras que en Ceuta han caído un 60,5% y
en Melilla lo han hecho en un 30,8%.
El Ministerio de Fomento ha recortado un 56,4% los contratos
de obras civiles sacados a concurso en los diez primeros
meses del año respecto al mismo periodo de 2011, que en
conjunto han sido valorados en 1.815,6 millones, según los
datos de la patronal de las grandes constructoras (Seopan).
En cuanto a la licitación autonómica, y según los datos que
recoge la agencia Efe, todas las regiones redujeron las
obras que sacaron a concurso, salvo La Rioja y Cataluña, que
las incrementaron el 121,7% y el 16,4%, respectivamente. Las
mayores caídas se registraron en Baleares (97%), Asturias
(90,7%), Cantabria (81,9%), Castilla-La Mancha (77,6%),
Navarra (75,3%), Canarias (75%), Galicia (66,9%), Castilla y
León (64,1%), Aragón (64%) y Andalucía (50,6%).
Por debajo de la media nacional se contabilizaron descensos
en Madrid (33,7%), Comunidad Valenciana (19,2%), Extremadura
(7,8%) y País Vasco (0,2%), en tanto que las ciudades
autónomas de Ceuta y Melilla redujeron las obras que sacaron
a concurso un 60,5% y un 30,8%, respectivamente.
Dentro del departamento que dirige Ana Pastor, Adif fue el
principal ente al convocar concursos por valor de 1.226
millones de euros, el 48,4% menos, seguido de lejos por
Autoridades Portuarias, que aumentó los suyos el 29,3%,
hasta 264,2 millones.
La Dirección General de Carreteras sacó obras a concurso por
167 millones, el 81,4% menos; la Dirección General de
Infraestructuras Ferroviarias, por 86,6 millones, el 14,2%
más; y Aena, por 43,2 millones, el 84,9% menos.
Además de Fomento, el Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente sacó a concurso obras
valoradas en 425,7 millones, el 30,4% menos.
De esta forma, los contratos de la Administración General
del Estado estuvieron valorados en 2.413,5 millones (55,6%
menos), mientras que los de las Comunidades Autónomas
alcanzaron los 1.964,7 millones (37,9% menos), y los de los
Ayuntamientos, 2.166,7 millones (32,5% menos).
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