La vicepresidenta primera de la Asamblea, Adela Nieto,
anunció ayer, tras mostrar su “agradecimiento” tanto a los
grupos de la oposición como a los representantes vecinales
por la “colaboración” en referencia al traslado de los MENA,
que está previsto externalizar el servicio del centro de ‘La
Esperanza’ cuando se traslade a Calamocarro. Según Nieto,
con esta medida se siguen “las indicaciones de la Jefatura
del Área de Menores”. El propósito es “mantener el nivel de
calidad del servicio que se presta a los MENA”, además de
flexibilizar el gasto en función del número de niños
acogidos en dicho centro, tal y como también se realiza en
otras autonomías como es el caso de Andalucía y la Ciudad
Autónoma de Melilla”.
Por otro lado, la vicepresidenta primera destacó que esta
externalización va a realizarse con el objetivo de “poder
cubrir el déficit de personal que hay dentro del Área de
Menores”. Así, el personal que presta ahora sus servicios en
‘La Esperanza’ pasaría a “cubrir esas necesidades que dentro
del área se tienen”. Esta fórmula, “en todo momento amparada
por la Jefatura del Área, es algo que nos va a ayudar a
mejorar la calidad del servicio, tanto de los MENA como del
resto de los departamentos y servicios que conforman el Área
de Menores”, comentó Nieto.
Sustituciones
Con esta actuación se pretende “un ahorro aproximado de un
millón de euros”, finalizó la vicepresidenta. Por su parte,
el portavoz del Ejecutivo local, Guillermo Martínez, quiso
puntualizar que el “área de Menores es la que quizá más
incidencia tiene en cuanto a la temporalidad, es decir, a
las sustituciones que hay que hacer”. “Hay que tener en
cuenta que son muchos los centros de 24 horas que tienen
continuamente trabajadores y que no se puede prescindir de
los turnos en periodos vacacionales ni en casos de
enfermedad o cualquier otra circunstancia”. “Si el personal
de ‘La Esperanza’ se redistribuye entre los demás centros de
menores de la Ciudad, evidentemente se pretende que las
sustituciones desaparezcan”.
Para Martínez, la “externalización es un procedimiento
complejo, afortunadamente, porque esas son las salvaguardas
que establece el derecho administrativo español”. “Cuando se
pasa de gestión directa a gestión indirecta hay un
procedimiento que pasa por la elaboración de una memoria que
tiene que ser expuesta al público por si hay alegaciones;
después tiene un trámite de aprobación en el Pleno”,
comentó. En definitiva, “es un trámite complicado y hay que
hacer un estudio económico, pero la expectativa es que antes
de final de año pueda ser aprobado en el Pleno”.
Las sustituciones que se realizan en la actualidad rondan
las 32 personas, según destacó Nieto.
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