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El caso de las deudas acumuladas por cientos de
beneficiarios de viviendas protegidas en la ciudad salió a
la luz el pasado mes de febrero, tras publicarse por EL
PUEBLO las reclamaciones que había comenzado a enviar el
Organismo Autónomo Servicios Tributarios (OAST). Aunque el
viceconsejero de Hacienda, Manuel Carlos Blasco, admitió
entonces que las notificaciones eran “entre 900 y 1.000”,
ese mismo día, el portavoz del Gobierno, Guillermo Martínez,
las cifró en 400.
Según los datos ofrecidos por los propios vecinos de una de
las promociones más afectadas, Al Jalifa, entregada en 2006,
las deudas que habían acumulado 140 de los 151
adjudicatarios oscilaban entre los 3.000 y los 20.000 euros.
En el caso de Loma Colmenar, la morosidad afectaba entonces
a un 60% de las viviendas entregadas por Emvicesa, aunque el
presidente de la barriada, Rafael García, reconocía ayer que
ran sólo una decena de sus 225 vecinos están al corriente de
los pagos, con menor cuantía de la deuda, eso sí, por haber
sido adjudicadas estas en 2010.
Otras deudas menores se registraban en las VPO de La Reina,
República Argentina o el Ferrocarril. En otras como Monte
Hacho, Huerta Téllez Patio Páramo, Loma del Pez, Avenida de
Lisboa o Villajovita no hay morosidad pues las hipotecas se
financiaron por bancos y no por el OAST.
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HACIENDA
