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El presidente de la Asociación de Vecinos de Loma Colmenar,
Rafael García, ha denunciado que a pesar del acuerdo
alcanzado con la Ciudad para facilitar el pago de las cuotas
de VPO pendientes, la Administración local ha comenzado a
reclamar las deudas por la vía judicial. Según García, unos
110 vecinos de esta promoción han recibido ya el
requerimiento, procedente en todos los casos del Juzgado de
Instrucción número 2 y que les da un plazo de 20 días para
hacer efectivo el pago. Esto, señala García, a pesar de las
promesas de que el acuerdo alcanzado se haría efectivo por
el Consejo de Gobierno en breve.
“Si en veinte días no paga, ni comparece en este órgano
judicial para alegar las razones de la negativa al pago, el
secretario judicial dictará decreto dando por terminado el
proceso monitorio, y dará traslado al acreedor para que
inste el despacho de ejecución bastando para ello mera
solicitud”. De esta manera, y por vía judicial, ha comenzado
a reclamar la Ciudad, mediante su letrado Francisco Javier
Navarro, el pago de las deudas pendientes por parte de
cientos de adjudicatarios de viviendas de protección oficial
(VPO).
En concreto, y tal como ha informado el presidente de la
Asociación de Vecinos de Loma Colmenar, Rafael García, de
momento constan al menos 110 notificaciones que han llegado
a otros tantos vecinos de esta barriada, constituida por 225
VPO.
Según consta en el requerimiento de pago, dictado por el
Juzgado de Instrucción número 2, si el afectado quiere
oponerse al pago de la deuda “deberá realizarlo mediante
escrito de oposición dentro del término de veinte días y que
habrá de venir firmado por abogado y procurador si la
cantidad excede de 2.000 euros”, algo que ocurre en la
mayoría de los casos.
García se muestra indignado con esta reclamación judicial,
sin previo aviso según señala, pues los representantes
vecinales estaban a la espera de que el acuerdo alcanzado
con el Gobierno de la Ciudad el pasado mes de mayo se
hiciera oficial. “Las últimas gestiones las hicimos a través
del presidente de la Federación de Vecinos, Pepe Ramos, este
martes”, explica García. Según el representante de los
vecinos de Loma Colmenar, Ramos llamó al viceconsejero de
Hacienda, Manuel Carlos Blasco, para preguntar en qué
situación se encontraba el asunto, “y le dijeron que era
cuestión de un papel, un trámite para que el acuerdo pudiera
ser aprobado por el Consejo de Gobierno”.
“Llevamos cuatro meses negociando y ahora, sin más, nos
encontramos con estas notificaciones de desahucio, no
sabemos a qué juegan o si no se aclaran entre uno y otro
departamento de la Ciudad”, manifiesta García, quien señala
que los vecinos están “muy afectados”. “Hay personas mayores
en la barriada que están muy asustadas, no tienen ni para
comer y ahora les llega una carta diciendo que les van a
echar de casa”, argumenta, para agregar que los vecinos de
Loma Colmenar están dispuestos a comenzar a movilizarse si
no se resuelve la situación. “Si para el día 10 esto no está
resuelto, nos iremos al ayuntamiento y yo el primero”,
afirma.
Por su parte, Abdelaziz Ahmed, presidente de otra de las
barriadas afectadas, Al Jalifa, señala que a sus vecinos no
les ha llegado el requerimiento judicial. Lo que sí confirmó
Ahmed fue las últimas veces que hablaron con Blasco les
dijeron los mismo, que a principios de este mes “el tema se
iba a resolver” con el trámite del Consejo de Gobierno.
“Nosotros no nos negamos a pagar, la gente de hecho está muy
contenta con el acuerdo al que llegamos y me preguntan
cuándo van a poder empezar a pagar la nueva cuota”, indica
el presidente de la promoción de VPO Al Jalifa.
Este diario intentó ayer sin éxito confirmar con el
consejero de Hacienda que el proceso para hacer efectivo el
acuerdo de pago sigue su curso, aunque el pasado mes de
julio declaró que a falta de “informe jurídico” los
adjudicatarios que “por voluntad propia” quisieran acogerse
a él podrían hacerlo en breve.
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El OAST avisó del inicio de “actuaciones judiciales” en caso
de no abonarse las deudas en el plazo de 10 días
Las notificaciones que se enviaron
desde febrero de este año por parte de la Sección de
desahucios de Servicios Tributarios a cientos de
adjudicatarios de VPO morosos se enmarcaban, tal como
argumentó la Ciudad a través de su portavoz, Guillermo
Martínez, en una política cuyo fin era intentar “forzar la
negociación” con estos deudores. Según Martínez, la Ciudad
efectúa esos requerimientos con una periodicidad
“prácticamente anual”, aunque en el caso de la promoción de
Loma Colmenar, entregada en febrero de 2010, nunca se han
llegado a hacer efectivos puesto que muchos de los vecinos
deben las cuotas desde el principio. En Al Jalifa, algunos
adjudicatarios suman hasta 20.000 euros en cuotas mensuales
no abonadas a Servicios Tributarios. En las cartas que se
remitieron a partir de febrero, el OAST daba un plazo de
diez días para pagar las deudas ”ya que de otra manera
transcurrido dicho plazo -advertía- iniciaremos sin más
trámite y siguiendo expresas instrucciones de la Ciudad, las
actuaciones judiciales correspondientes”
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