El Gobierno local mantiene su postura de que el objetivo
primordial de la Ciudad es mantener el empleo público, y que
en esa línea se viene trabajando. Además asegura que no se
ha avanzado más en el plan de reorganización del sector
público para contener el gasto y mejorar las arcas públicas
porque se está pendiente de la normativa nacional.
Se van a cumplir ocho meses desde que el consejo de Gobierno
aprobara varias medidas para contener el gasto y mejorar las
arcas públicas. Este plan de reorganización del sector
público fue anunciado a finales de enero por el entonces
consejero de Hacienda y Recursos Humanos, Francisco Márquez
de la Rubia.
Entre las numerosas medidas propuestas se encontraban:
Recorte de los salarios de los empleados de la Ciudad,
eliminando el concepto de jornada especial y partida a unos
230 empleados de la ciudad; Amortización de vacantes de
ofertas de empleo público; Congelación de los procesos de
consolidación y promoción interna; aprobación de la RPT;
Agrupación de varias empresas públicas, para pasar de las 9
actuales a 5; Convenio colectivo y acuerdo regulador de la
Ciudad que está caducado desde 2007; Elaboración y
aplicación de un Convenio Único que sea de aplicación a
todas las empresas públicas.
Al final, después de estos ocho meses, de numerosas
reuniones con continuos desencuentros entre el Gobierno y
los sindicatos, la situación parece encontrarse como al
principio, ya que desde los sindicatos se asegura que la
Ciudad no ha realizado nada de lo propuesto en dicho plan de
reorganización del sector público.
A este respecto, el consejero de Economía, Hacienda y
Recursos Humanos, Guillermo Martínez, reconocía ayer a EL
PUEBLO que el Gobierno de la Ciudad “tenía y tiene” unos
planteamientos para contener el gasto y mejorar las arcas
públicas, aunque también destacó que “es verdad que ha
salido una propuesta de modificación de ley de bases de
régimen local y una reestructuración del sector público a
nivel nacional que todavía no es firme y que ha motivado que
nos hayamos reconsiderado los planteamientos inicialmente
propuestos”.
Martínez incidía en que “con el fin último de mantener el
empleo de los trabajadores se están buscando las fórmulas
adecuadas para intentar conseguir este objetivo”. El
consejero de Economía, Hacienda y Recursos Humanos recordaba
que la propuesta que estaba barajando el Gobierno de la
Nación hablaba de que “las empresas que fueran deficitarias
debian cerrarse”, e insistió en que “el Ejecutivo local está
trabajando en intentar conseguir dos objetivos: El primero
sería el de mantener el empleo vinculado a las empresas
municipales y organismos autónomos; en segundo lugar
intentar obtener el máximo rendimiento social a esos
trabajadores”.
Martínez discrepa de que no se haya avanzado en estos
aspectos, tal y como insisten los sindicatos, argumentando
esta discrepancia con “el plan de empresa de Acemsa, el cual
se está gestando; la reducción del 5% en los sueldos y
salarios de los trabajadores de las sociedades municipales;
se les ha retraido o se les va a retraer la paga
extraordinaria de diciembre; se están haciendo en todas las
empresas municipales importantes recortes en gasto
corriente, como por ejemplo la publicidad institucional; en
definitiva se están aplicando medidas para mejorar la
eficiencia en el gasto de las sociedades públicas”.
El consejero y portavoz del Gobierno local, recordó que con
el mismo objetivo “hay varios empleados de Amgevicesa que
están realizando una encomienda de gestión en servicios que
anteriormente estaban estandarizados, con lo cual la
Administración se está ahorrando ese dinero con personal de
la Ciudad”, e insistió que el Ejecutivo “está dando pasos
que no se habían producido en el ámbito de la
reestructuración de las sociedades municipales”, y aseguró
que está existiendo “reducción de gasto; estamos intentando
conseguir una mayor eficiencia en las prestaciones que se
hacen desde las sociedades municipales, y evidentemente
estamos muy pendiente de las normativas que llegan desde
Madrid en relación con estas materias”.
Para concluir, Martínez aseguró que “se puede decir de
manera categórica que el objetivo del Gobierno es mantener
el empleo del sector público y que como consecuencia de ello
se está trabajando. Además el hecho de que no se haya
ejecutado todavía ninguna actuación es porque estamos muy
pendientes de la evolución de la normativa nacional en este
ámbito, que hay un anteproyecto de ley hecho pero que
todavía no es proyecto de ley”.
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