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La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, se reunió ayer con consejeros del área de nueve
autonomías, aunque el consejero de Ceuta, Abdelhakim
Abdeselam, no acudió al encuentro. La ministra aseguró que
nadie va a quedarse sin sanidad, aunque los irregulares, que
por lo tanto carezcan de tarjeta sanitaria, tendrán que
pagar. El Colegio de Médicos ya alertó cuando se anunció la
medida de excluir a los inmigrantes indocumentados de la
Sanidad que esta normativa colapasaría los servicios de
urgencia, ya que esta prestación sí se continuará
ofreciendo.
Aunque el consejero de Sanidad, Abdelhakim Abdeselam, faltó
a la cita, permaneció atento a las declaraciones que realizó
la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana
Mato, quien se reunió en Valladolid, en un encuentro
“informal”, con consejeros del área de nueve autonomías para
abordar la evolución de la reforma sanitaria en cada uno de
sus ámbitos.
La ministra aseguró, según recoge Efe, que “nadie va a
quedar desatendido” en los centros sanitarios, aunque matizó
que aquellos ciudadanos que carezcan de tarjeta sanitaria,
como los inmigrantes en situación irregular, tendrán que
pagar el servicio. Se calcula que serán unos 153.000
inmigrantes los que se vean afectados por esta medida a
partir del sábado, que es cuando entra en vigor.
El encuentro ha servido, según informan desde el Ministerio
a través de una nota de prensa, para plantear una serie de
“soluciones y medidas innovadoras” que atajen la “dispersión
normativa” y el “estancamiento” que afecta a la política de
recursos humanos de los profesionales sanitarios. El debate
y los trabajos que se inicien en este campo, según ha
explicado Mato, perseguirán “mejorar la autonomía y
responsabilidad en la gestión” de unos trabajadores que
merecen su “justo reconocimiento social”.
En relación al nuevo marco legal que regula la condición de
asegurado y de beneficiario, la ministra ha recalcado que
“por primera vez todos los españoles y extranjeros con
residencia legal en España tienen garantizado el derecho a
la sanidad a través de la tarjeta sanitaria”. Los cambios en
este sentido, según ha explicado, “no se deben a una
cuestión de ajuste económico”, sino a la obligación de
“cumplir con el reglamento europeo, con las conclusiones del
informe del Tribunal de Cuentas y con el principio de
reciprocidad” en el tratamiento que reciben los españoles en
el extranjero.
Así, la atención a los extranjeros queda regulada
-manifiestan desde el Ministerio- conforme a lo estipulado
en la Ley General de Sanidad de 1986, por lo que quien
carezca de tarjeta sanitaria “deberá abonar dicha
asistencia”.
En esa línea, el Colegio de Médicos de Ceuta mostró hace
unas semanas su “preocupación” por esta situación, al
considerar que dicha medida colapsará los servicios de
Urgencias: “Hay que sostener el sistema, pero no de este
modo, así, Urgencias será la puerta de acceso a la Sanidad”,
apuntó la presidenta del Colegio, Manuela Gómez, quien
temía, además, que fuera un riesgo para el Estado de Salud
de la población.
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La disminución del gasto farmacéutico o los usuarios que
afrontan los cambios y el copago con resignación
“El paciente esta soportando los
cambios con resignación”, apuntó el presidente del Colegio
de Farmacéuticos de Ceuta, Antonio J. Ruiz, cuando se
publicó en el BOE la lista definitiva de medicamentos que
quedarán excluidos a partir de este sábado de la
financiación del sistema sanitario. Ruiz agregaba además que
la implantación del copago había supuesto una bajada “del 20
o 25%” en la compra de medicamentos en todas las comunidades
autónomas.
Los datos coinciden con los que se reflejan en el último
balance de gasto farmacéutico, que cayó a límites
históricos, concretamente a un 23,93% de media nacional, y a
un 24,81% en Ceuta; datos referentes, así como los de las
recetas facturadas, a julio, en comparación al mismo mes del
año pasado. A este respecto, la ministra de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, hizo referencia
durante la reunión mantenida con los consejeros del área en
Valaldolid a que era “el mayor ahorro logrado nunca” y que
se cifraba en “221 millones de euros”.
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reforma sanitaria
