Los agentes de la Policía Local y los bomberos se unieron
ayer para protestar por las propuestas presentadas por el
Ejecutivo de Vivas sobre la jornada de 42,5 horas. Alrededor
de doscientos manifestantes, entre pitos y petardos,
pidieron a gritos la “dimisión” del presidente y su equipo
de Gobierno. Tanto los policías como los bomberos consideran
las medidas propuestas por el Gobierno de Vivas un
“atropello desproporcinonado” que cargan contra ellos que
son los que tienen que estar en los servicios especiales.
Unos doscientos empleados públicos, entre policias locales y
bomberos, se concentraron ayer a las puertas del Edificio
Polifuncional para desde allí trasladarse hasta las puertas
del Palacio Autonómico y manifestarse para solicitar a la
Administración local que reconsidere su propuesta derivada
por el aumento de la jornada laboral de 40 a 42,5 horas.
Durante la manifestación, la cual partió desde el Edificio
Polifuncional para dirigirse hasta el Palacio Autonómico se
pudieron escuchar entre pitos y petardos, gritos de
“dimisión” dirigidos al presidente Vivas y su Ejecutivo.
Los manifestantes, que catalogaron la concentración como
exitosa, al considerar que pese a existir numeroso personal
de vacaciones y otros trabajando, se ha conseguido congregar
a más de doscientos, cifra nada desdeñable y que según los
asistentes “debería tener en consideración el Gobierno de la
Ciudad”.
En esta primera concentración, los afectados denunciaron que
la Administración no les ha dado opción a la negociación y
que tan sólo les han planteado un “ultimatum”, el cual pasa
por perder la mitad del complemento de la jornada especial o
trabajar catorce días más de forma gratuita para cubrir los
eventos especiales que se realicen en la ciudad.
Tal y como denunciaron los manifestantes, esta situación
creada por el Gobierno de Vivas difiere de cómo ha afrontado
esta misma situación el Gobierno de Melilla, el cual “ha
realizado los ajustes oportunos a los funcionarios de la
Administración local pero han respetado a los bomberos y la
policía local”.
El gran problema con el que se ha encontrado el Ejecutivo de
Vivas es que tanto los bomberos como la policía local
realizan 40 horas, el máximo que se puede hacer a la semana
Manuel Benítez, uno de los representantes del colectivo
resaltaba a EL PUEBLO que “a parte de las reducciones que
vienen marcada en el Real Decreto, las cuales las hemos
aceptado de mejor o peor grado, el Ejecutivo local pretende
que tengamos un total de 14 días de libre disposición y
compensación horaria por ese ajuste de las 2,5 horas, para
cubrir todos los servicios extraordinarios que tiene la
ciudad y ahorrarse el dinero de las horas extras de los
funcionarios”, a este respecto manifestó que el colectivo ya
ha comunicado “por activa y por pasiva” al Gobierno de la
Ciudad que entiende que no haya dinero de ahí que haya
propuesto que “si no hay dinero para pagar las horas extras
que nos lo paguen con días de descanso”, destacó Benítez.
Además, reconoció que “la Ciudad se ha topado con este
problema de las horas, las cuales todavía no sabe como
denominarlas, ya que no pueden ser extraordinarias porque
tendría que abonarlas y no podrían ser más de 80 anuales, y
tampoco podrían ser horas adicionales porque no está
permitido”. A este respecto recordó que “el propio Decreto
dice que ningún funcionario deberá realizar más de 37,5
horas, excepto los servicios especiales como Policía,
Bomberos, Guardia Civil, pero que en este caso tanto la
Policía Local como los Bomberos llevan realizando 40 horas
semanales desde hace años”.
Benítez aseguraba que el colectivo entiende esta postura del
Gobierno de Vivas como un “atropello” calificando la medida
como “totalmente desproporcionada que carga contra policías
y bomberos que son los servicios especiales que tienen que
estar ahí esos días”.
Finalmente, los manifestantes aseguraron que la
concentración de ayer será sólo el principio de un extenso
calendario de movilizaciones si la Administración no da
marcha atrás a su postura.
Hoy celebrarán una Asamblea General y mañana se reunirá la
Mesa General de Negociación. En el caso de no llegar a
ningún acuerdo, los manifestantes aseguran que, amparándose
en todas las armas legales que les respalden, continuarán
desarrollando todas las medidas de presión necesarias para
que el Gobierno de Vivas cambie su postura.
|