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La Ciudad Autónoma ya tiene a punto la ordenanza sobre
transporte pública que regulará una situación que hasta
ahora no estaba normativizada. La Comisión de Transporte se
reunió ayer para ultimar los detalles del documento que
según anunció Adela Nieto, la vicepresidenta primera de la
Mesa de la Asamblea, se llevará a pleno el próximo mes de
septiembre para su aprobación inicial. El objetivo de este
documento es “mejorar la calidad del servicio” y aplicar un
reglamento donde se recoja un régimen sancionador, así como
las obligaciones y derechos de la empresa que preste el
servicio de autobuses en la ciudad.
Hasta ahora, el servicio de transporte público en la ciudad
carecía de regulación. Por ello, la Administración se ha
puesto manos a la obra y lleva meses preparando una
ordenanza que fije las obligaciones y derechos de la empresa
que se haga cargo de prestar el servicio, que en este caso
se trata de la compañía de autobuses Hadú-Almadraba. El
documento ya está a punto de ver la luz y ayer Gobierno y
oposición se reunieron para consensuar los últimos detalles.
El encuentro de la Comisión de Transporte estuvo encabezado
por la vicepresidenta primera de la Mesa de la Asamblea,
Adela Nieto, y a él asistieron José Antonio Carracao, por el
PSOE, y Juan Luis Aróstegui, por Caballas.
El objetivo de esta reunión era que los grupos
parlamentarios aportaran sus propuestas para enriquecer el
texto que será presentado en el pleno ordinario de la
Asamblea del mes de septiembre para su aprobación inicial,
según señaló ayer Nieto. Tanto PSOE como Caballas
aprovecharon la ocasión para poner sobre la mesa sus ideas y
añadirlas al texto, que aún no es definitivo ya que falta
por incluir una propuesta de Caballas, pues su diputado tuvo
que abandonar antes el encuentro y no se pudo concretar.
Régimen sancionador
La normativa ha sido elaborada en base al dictamen de la
Comisión de Transporte que nació en un acuerdo plenario en
el que se ponía de manifiesto la necesidad de regular un
servicio que hasta ahora carecía de normativa. Una vez que
se apruebe la ordenanza se establecerán los derechos y
obligaciones de la empresa de transporte que se hace cargo
de las líneas de autobús, así como un régimen sancionador.
No obstante, Nieto quiso dejar claro que la falta de un
reglamento de transporte público no significa que la empresa
no cumpliera con ciertas obligaciones como la de avisar de
un cambio de horario o de ruta.
Además de regular, el documento elaborado por la Ciudad
también nace con la vocación de mejorar el servicio de
autobuses en la ciudad y la atención a los usuarios del
transporte público. Así, la vicepresidenta primera de la
Asamblea explica que se estudiará la instalación de nuevas
marquesinas para que los pasajeros esperen al autobús o
ampliar la información sobre las rutas y los horarios de
cada línea para que llegue a todos los ciudadanos. Sobre las
nuevas líneas, Nieto aclara que no se pondrán en marcha “si
no son necesarias”. “La normativa busca mejorar el servicio,
fijar la obligatoriedad de determinadas exigencias y además
no va a perjudicar a nadie”, reiteró Nieto.
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Desde la empresa de autobuses miran con recelo la normativa
y advierten de que no asumirán obligaciones que les
produzcan pérdidas
La nueva ordenanza de Transporte
Público planteada por la ciudad no ha caído bien dentro de
la compañía de autobuses, desde donde temen que se amplíen
las líneas y eso repercuta en pérdidas económicas para
ellos. El gerente de la empresa Hadú-Almadraba, José María
Cuéllar, ha explicado a EL PUEBLO que no está de acuerdo con
una normativa “impuesta a la fuerza” por la Ciudad. La
Administración le remitió un borrador de la normativa y
Cuéllar presentó unas alegaciones de las que no ha recibido
respuesta. El gerente de la empresa de autobuses recuerda
que tienen sus derechos, los referentes a la concesión del
servicio que tiene la compañía y que estará vigente hasta
2019. Cuéllar, que se mostró indignado con esta normativa,
apunta que algunos de los cambios pueden llegar por el
aumento de líneas, concretamente a García Aldave y cuestiona
quién pagará las pérdidas de un trayecto deficitario.
Además, el gerente denuncia que la empresa está asumiendo
las bonificaciones a estudiantes y jubilados cuyo coste debe
pagar la Ciudad a través del convenio que la Consejería de
Asuntos Sociales firmó con la empresa Hadú-Almadraba. Por
último, Cuéllar advierte de que esta normativa “puede traer
problemas” e incluso “poner en peligro” el puesto de trabajo
de los 85 empleados de la compañía si esta tiene que
realizar más servicios. Por su parte, Adela Nieto asegura
que la normativa sólo pone en el papel lo que ya se está
realizando en la práctica y reitera que no “perjudicará a
nadie”.
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