|
Que exista una ordenanza que
responda a la realidad de las necesidades de Ceuta en lo
relativo al transporte público es algo que no admite
argumentaciones en contra. La regulación es imprescindible y
legalmente irrenunciable. Ahora bien hay que llevar a cabo
la redacción de la normativa atendiendo, por lógica, a las
alegaciones de la compañía de autobuses y solventado de
forma anticipada cualquier problema que suponga la
aplicación de la citada ordenanza. Regular sí, pero no a
costa de arruinar a la empresa y que ello ponga el riesgo el
trabajo de los empleados.
Torpe desencuentro. Doblemente torpe si se considera el
discurso mantenido por el Gobierno del PP, cuya capacidad de
gestión y cerebros económicos nadie puede poner en duda a
estas alturas, acerca de los incentivos a las empresas, el
apoyo a los emprendedores, las bonificaciones y cuantas
artimañas de ingeniería financiera se necesiten para que las
empresas sean el auténtico motor económico del empleo y de
la prosperidad. Pero si la compañía de autobuses a través
del gerente de la empresa Hadú-Almadraba, expresa su
preocupación ante la normativa y su aprensión sobre cómo
mantener futuras líneas muy poco rentables, entonces es que
al gerente no se le han dado las explicaciones debidas, ni
ha habido un diálogo fluido sino un “ordeno y mando”
dificilmente encajable en estos tiempos y más aún en estos
momentos que son muy duros para los empresarios que tratan
por cualquier medio de evitar destrucción de puestos de
trabajo y despidos.
Cada cual tiene su razón, pero tan sólo hay una auténtica
razón. La Ciudad tiene que dictar normas reguladoras, pero
explicando por anticipado a los destinatarios cuales van a
ser las consecuencias. ¿Que han de ampliarse las líneas pese
a que no sean rentables? Por supuesto, el transporte público
es un servicio al que todos los ciudadanos tienen derecho,
vivan donde vivan y sin exclusiones y lo que supongan
pérdidas para la empresa habrá de ser compensado por la
Administración, algo lógico y normal porque dentro de las
expectativas de la empresa a la hora de llegar a un acuerdo
con la Ciudad, no entraba el cambiar las condiciones y poner
a la compañía en una tesitura cercana a la ruina y a la
suspensión de pagos al ERE a la ceutí que nada tienen que
ver con los ERES andaluces.
Y en un tema tan esencial para la calidad de vida de los
ciudadanos como es el transporte público no se admiten
medias verdades ni que las pérdidas económicas propicien
huelgas, protestas y acabar en los tribunales. Los autobuses
tienen que llegar. Las líneas tienen que aumentarse y cubrir
toda la ciudad y pactar en condiciones los distintos
supuestos que pudieren acontecer, dando las soluciones
dimanantes de un diálogo entre las partes y sus
representantes legales a cualquier previsible eventualidad
sin dejar ningún frente bajo el nubarrón de imprevisión del
“ya veremos”. Muchos opinamos que este deseo latente del
Gobierno de atraer a las empresas, apoyar, promover,
incentivar y engatusar por el bien de la ciudad, ha de
comenzar por esa “caridad que empieza por uno mismo”, no
aspirar a traernos las fábricas de Amancio Ortega y tener a
la compañía de autobuses públicos con la angustia de que
pueden verse en la ruina y con padres de familia en la puta
calle con perdón, pero es que la calle de los despedidos es
siempre muy puta y quien lo niegue está mintiendo.
Queda tiempo de sobra para sentarse a negociar y sobre todo
a aclarar cada punto y explicar cada extremo, lo que no es
de recibo es presentar alegaciones y no recibir respuestas,
porque no estamos en el Congo del que se dice que “empresa
que pillan la hacen mondongo”. Mal efecto estas
discrepancias, pésima imagen la que se puede dar si hay
problemas con los transportes públicos, porque ahí todos
salimos perdiendo, empresa, ciudadanos y trabajadores.
|
OPINIÓN / ANALISIS
