El Consejo de Europa reunido en la jornada de ayer en la
localidad francesa de Estrasburgo aprobó en su Asamblea
parlamentaria, donde se reunían 47 paises con intervenciones
de tres minutos cada uno, una iniciativa planteada por
Alemania, sobre la situación de los gitanos romaníes.
El Grupo Parlamentario Europeo Popular había dejado plena
autonomía y libertad de voto para apoyar o rechazar la
iniciativa alemana, pero la parlamentaria ceutí, Luz Elena
Sanín, apoyó la propuesta germana para defender los derechos
del colectivo gitano que se ven perseguidos en algunos
lugares y constituyen en Europa un colectivo de diez
millones de personas con una antiguedad de más de 700 años,
con sus derechos consolidados.
En el informe se puso en valor la Declaración Universal de
Derechos Humanos adoptada en 1.948 en Naciones Unidas, al
reconocer a todos los seres humanos que nacen libres e
iguales en su dignidad y derechos sin distinción de raza,
color, sexo, idioma u opinión política.
El objetivo del Consejo de Europa y de la Convención Europea
de 1.950, planteó la parlamentaria ceutí en su intervención,
“es garantizar el respeto a los derechos humanos y a las
libertades fundamentales, sobre la base de un común
entendimiento y observancia de esos principios, por parte de
todos los estados miembros y, considerando esa idea
fundamental que es, precisamente, base de nuestra Unión no
podemos -dijo en su intervención-, sustraernos al apoyo de
la recomendación que debatimos”.
“Las minorías étnicas son la parte más endeble de la candena
social -continuó Luz Elena Sanín-, y por ello se rompen los
derechos humanos y se desestructura la familia, al
restringírseles el acceso a la educación, a la sanidad, al
trabajo o a la vivienda digna”. “Existe un mínimo
constitucional, -expuso Sanín Naranjo en su intervención-
aplicable a todo ser humano: aquellos derechos que
pertenecen a la persona o a aquellos que son imprescindibles
para la garantía de la digniodad humana”.
El espacio europeo debe respetar, dijo Sanín, este “mínimo”
en lo que se refiere a las políticas de lucha contra la
inmigración ilegal. De otro lado, a lo que se refiere a la
población legal, de poblaciones romaníes, Europa debe
acometer acciones específicas encaminadas a paliar la doble
discriminación a la que se enfrentan los miembros de este
colectivo por su étnia.
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