En el área de disciplina urbanística, el delegado del
Gobierno, Francisco Antonio González Pérez, destacó la
“mayor colaboración” que se ha producido estos seis meses
entre la institución que dirige y la Ciudad. Así, “se ha
comenzado a denunciar a todas aquellas construcciones
ilegales que están dentro del ámbito de terreno público,
sean del Estado, de Defensa o de la propia Ciudad”. Así,
Delegación ha solicitado que se realice “un control mucho
más exhaustivo sobre la concesión de la cédula de
habitabilidad” de los inmuebles ilegales, además de la
creación de una “línea de colaboración directa entre la
Consejería de Fomento, el Ministerio de Defensa y Sepes”,
con le objetivo de “recuperar suelo público ocupado
ilegalmente”.
“No puede ser que se amplíe el nivel de urbanización y que
haya problemas para realizar infraestructuras si encontramos
viviendas ilegales”, destacó.
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