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La Ciudad Autónoma de Ceuta publicó ayer en internet la
declaración de bienes de los diputados de la Asamblea. La
información se puede consultar en la página
www.gobiernodeceuta.es. En ella se pueden encontrar los
bienes de los grupos parlamentarios del Partido Popular y
Caballas, ya que en los del PSOE todavía faltan por firmar
sus tres diputados.
La Ciudad Autónoma de Ceuta publicó ayer en internet la
declaración de bienes de los diputados de la Asamblea. La
información se puede consultar en la web de la
Administración local, según se desprende de un comunicado de
prensa. Así, los ciudadanos pueden conocer información
detallada de cada uno de los diputados en la página
www.gobiernodeceuta.es, más concretamente, dentro de la
sección ‘Gobierno’, donde se ha habilitado un apartado
denominado ‘Ley de Transparencia’, con un enlace a la
normativa que en fase de anteproyecto de ley aprobó el
Consejo de Ministros el pasado mes de abril.
En la información disponible no está incluida la declaración
de bienes de los tres diputados del Partido Socialista, ya
que está pendiente “únicamente de su firma”, aunque los
bienes del secretario general del partido, José Antonio
Carracao, ya fueron publicados “hace un año”, según
manifestaron desde la propia agrupación política el pasado
viernes.
Los interesados pueden conocer los bienes, tanto inmuebles
como terrenos y vehículos, los productos bancarios o de
bolsa, sus retribuciones y las rentas percibidas, así como
el resultado de su última declaración de la Renta. Con este
“paso”, la Ciudad espera “reforzar la transparencia de la
actividad pública”. Y es que, en la exposición de motivos de
este anteproyecto de Ley, se recoge que “sólo cuando la
acción de los responsables públicos se somete a escrutinio,
cuando los ciudadanos pueden conocer cómo se toman las
decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos
públicos y bajo qué criterios actúan nuestras instituciones,
se pobrá hablar de una sociedad crítica, exigente y
participativa”. Así, la Ley tiene un “triple alcance”:
“incrementa y refuerza la transparencia en la actividad
pública” -la cual se articula a través de obligaciones de
publicidad activa para todas las Administraciones y
entidades públicas-; “reconoce y garantiza el acceso a la
información -regulado como un derecho de amplio ámbito
subjetivo y objetivo- y “establece las obligaciones de buen
gobierno que deben cumplir los responsables públicos, así
como las consecuencias jurídicas derivadas de su
incumplimiento”, lo que se convierte en “una exigencia de
responsabilidad para todos los que desarrollan actividades
de relevancia pública”-.
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