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UPyD está trabajando para llevar en breve al Congreso de los
Diputados una enmienda centrada en la mejora en la atención
a españoles residentes en Marruecos cuando solicitan
asistencia en provincias limítrofes como Ceuta. La diputada
Rosa Díez será la encargada de exigir el “cumplimiento de
las competencias estatales y autonómicas y el fomento del
Sistema Nacional de la Salud para la compensación de los
residentes españoles en el extranjero en territorio nacional
cuando acceden a los servicios en provincias limítrofes
fronterizas con países no comunitarios para los españoles
residentes en Marruecos que se atienden en Ceuta y Melilla”.
En septiembre de 2009, la Comisión de Sanidad del Congreso
aprobó una proposición no de ley presentada por UPyD en la
se instaba al Gobierno a estudiar el caso de estos españoles
y hallar una solución. El número uno del partido en Ceuta,
Julián Domínguez, se encargó de elaborar un informe
analizando cómo estaba la situación y entregárselo a su
partido. Ahora ha retomado el asunto para que UPyD pueda
elevarlo al Congreso.
Además, ha elaborado un informe explicando que las normas
del Ingesa “son preconstitucionales”. “Los estatutos no han
sido desarrollados, el marco fue en 2003, pero en Ceuta y
Melilla nos quedamos atrás”, explica Domínguez a EL PUEBLO.
“A veces resulta estéril trabajar sobre un mismo tema sin
que haya soluciones -lamenta el médico-, a lo que se instaba
al Gobierno es a que hiciera una reforma de la normativa
sanitaria a través del Instituto Nacional de la Seguridad
Social, ahora Ministerio de Empleo, pero no se ha cambiado”.
Al contrario, se les incita -añade- “a un acto en fraude de
ley”, instándolos a establecer su domicilio en Ceuta cuando
residen en Marruecos, para poder ser atendidos.
El político explica, además, que la reforma del Real Decreto
Ley 16/2012, convalidado el pasado viernes, deja “aún en
peor situación” a estas personas, puesto que incide en la
aplicación de convenios de asistencia sanitaria de España
con Marruecos. “La Sanidad no puede ser un bien regulable en
ese sentido”, sostiene Domínguez, quien explica que con
dicho decreto, “los españoles ‘transfronterizos’, siendo
trabajadores que cotizan para España, no tienen derechos,
mientras que las embarazadas marroquíes, sí”.
“Hemos vuelto a 36 años atrás, al concepto de aseguramiento,
en lugar de Sistema Nacional de Salud; es una forma de
legislar terrible, es muy duro”, lamenta Domínguez, y añade:
“Se puede regular la asistencia a extranjeros pero es que
ellos son españoles que trabajan para España y, por lo
tanto, se les debería tratar igual”.
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