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Los españoles residentes en el norte de Marruecos y
trabajadores del Estado español -Instituto Cervantes,
Hospital español, Consulado, etcétera- arrastran desde 2007
el mismo problema: no les atienden en la sanidad ceutí y les
remiten al país vecino o a sus ciudades natales. En su día
iniciaron una campaña de protesta y remitieron a las
autoridades competentes una serie de cartas exigiéndoles lo
que ellos consideran un derecho. Les hicieron caso omiso y
ahora, con el nuevo gobierno, han decidido retomar su
petición.
Son españoles, cotizan para la Seguridad Social española
puesto que trabajan en instituciones o empresas estatales
como el Instituto Cervantes, el consulado, o las
dependencias sanitarias o educativas españolas, pero residen
y tienen la sede de su trabajo en el norte de Marruecos. A
todos ellos se les niega la asistencia sanitaria -a
excepción de las urgencias- en las ciudades colindantes con
Marruecos, Ceuta y Melilla, mientras que sí se les atienden
en sus ciudades natales. Son de Granada, Madrid, Cádiz... y
residen en Tánger, Tetuán, Larache y otras localidades del
norte de Marruecos. Si demandan atención primaria,
prestaciones para sus enfermedades crónicas o cualquier otro
tipo de servicio sanitario no urgente, son emplazados a la
atención marroquí, pese a que con sus impuestos incrementen
las arcas estatales.
Varios centenares residen en Tetuán, según estima Belén
Hita, una de las trabajadoras del Instituto Cervantes de
dicha ciudad. En su institución, son doce españoles. Todos
ellos se enfrentan al problema de no ser atendidos por la
sanidad española. La situación comenzó en el año 2007, con
el Gobierno socialista, y ahora, una vez se ha instaurado el
Gobierno popular, han decidido -explican- retomar sus
protestas y remitir a los nuevos gestores las cartas que
entonces enviaron a las autoridades competentes.
El ministro entonces competente, Bernat Soria; la dirección
territorial del Ingesa que ostentaba Jesús Lopera; el
presidente de la Ciudad, Juan Vivas; el director general del
Instituto Nacional de la Seguridad Social, Fidel Ferreras,
entre otras autoridades, fueron algunos de los que
recibieron cartas en las que los trabajadores españoles
explicaban su situación. Los destinatarios hicieron caso
omiso de aquellas misivas; desde la oposición, sin embargo
-entre otros el entonces diputado nacional por Ceuta del PP
Francisco Antonio González Pérez, actual delegado del
Gobierno en Ceuta-, apoyaron la protesta y reclamaron al
Gobierno una solución.
Ahora, las tornas en el poder han cambiado, pero la
situación sigue siendo la misma. Caso omiso a sus protestas
y ninguna medida que favorezca su inclusión en la atención
sanitaria de las ciudades autónomas.
El origen, año 2007
Belén Hita fue una de las primeras afectadas. Hasta el año
2007, se les atendía en Ceuta sin inconvenientes. Un día,
sin embargo, cuando esta trabajadora acudió al centro de
salud del Tarajal para una revisión de Atención Primaria de
su hija, le negaron la asistencia y, sin previo aviso, la
emplazaron a Granada, su lugar de nacimiento, o a Marruecos.
La razón apuntada era que según el Real Decreto que regula
la Tarjeta Sanitaria Individual, el 183/2004, de 30 de
enero, no tienen derecho a la asistencia sanitaria en Ceuta,
puesto que para obtenerla, deben ser residentes o
desplazados.
Paralelamente, la situación se repitió con otros
trabajadores. Comenzaron entonces las protestas, acudieron a
la vía diplomática y pidieron ayuda por medio de cartas a
las autoridades competentes.
Había más de 200.000 tarjetas sanitarias expedidas para una
población de poco más de 70.000 habitantes y se alegaba que
su situación no se contemplaba en los presupuestos. Se les
emplazaba además a la sanidad marroquí en base a un acuerdo
de colaboración entre ambos países, según el cual la
Seguridad Social española abona la atención que reciban en
Marruecos. Otro grupo de españoles afectados fueron las
monjas y los ancianos de la residencia y del hospital
español de Tetuán. La situación de estas personas, como la
de sus compatriotas, se paralizó, aunque en su caso, reciben
en el centro la visita de un médico.
Otros decidieron buscar sus propias soluciones, como María
Paz Serrano, una de las profesoras del Cervantes, que optó
por hacerse un seguro de sanidad privada en Ceuta, para
poder llevar al pediatra a su hijo, que nació pocos meses
antes de que surgiese el conflicto. “Me parece justo que me
hijo pudiese seguir el calendario de vacunación de la
sanidad española, no que me remitan al médico de Marruecos”,
protesta la trabajadora. “Es lamentable”, añade Pedro Elías,
del mismo centro. ”Se atiende a miles de extranjeros que no
cotizan y a nosotros se nos niega la asistencia, cuando
sabemos que la cobertura sanitaria en Marruecos es
deficiente”, agrega. En el caso del Cervantes, han pedido
además que la dirección de la institución interceda por
ellos. “Lo que estamos pidiendo nos corresponde, es un
derecho”, reclama.
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Buenas palabras, promesas incumplidas, problema no resuelto
“En principio, todas las personas
que tengan acceso a nuestro sistema de salud, van a tener
las mismas condiciones, no van a tener problemas ni
diferencias entre unos y otros”. El director territorial del
Ingesa, Fernando Pérez-Padilla, aseguraba de este modo, el
pasado enero tras asumir su cargo, que los españoles
residentes en el norte de Marruecos recibirían en el Ingesa
asistencia sanitaria, tal como se la dan en sus ciudades de
origen. “Así será; yo creo que la única traba que van a
tener es la de la frontera; pero el sistema sanitario les va
a atender exactamente igual que al resto de ciudadanos”,
agregaba al ser cuestionado sobre este tema. Han pasado,
desde entonces, cuatro meses.
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