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El Gobierno local salió ayer al
paso de una información veraz tratando de negarla sin
aportar prueba alguna que la refutara. Que el asesor de
comunicación diga que no nos facilita planos de los terrenos
ofrecidos a Interior en el Príncipe para la Jefatura de
Policía porque no dispone de ellos y además los periodistas
no iban a “entenderlos” no sólo es desconocer la
cualificación profesional de los periodistas de esta casa,
sino más aún, poner en duda la inteligencia de sus lectores.
Nuestros lectores no necesitan ver, como los ha visto EL
PUEBLO, los terrenos sobre los que informábamos en la
edición de ayer, porque si la Ciudad no puede demostrar lo
que dice, aquí está este diario para demostrar lo que
publica. Nosotros aportamos el testimonio directo de los
periodistas presentes en la visita girada al lugar por el
ministro del Interior (los únicos, por cierto, de un medio
escrito), hemos aportado fotografías y hoy aportamos también
los planos del Plan de Urbanización del Príncipe, ya
publicados hace casi dos años, en julio de 2010, con otra
noticia sobre construcciones ilegales. Y sí, ratificamos la
veracidad de lo publicado: para construir en ese terreno un
equipamiento tan especial y delicado desde el punto de vista
de la seguridad, habría que derribar construcciones
ilegales. Y si no es así, si se llegara a edificar allí la
jefatura de Policía, tiempo tendrá la Ciudad de demostrar
que no es cierto.
Por el momento, lo único cierto es la opacidad del Ejecutivo
respecto a una información que debería dar con luz y
taquígrafos y el interés de ocultar la realidad a los
ciudadanos en lo que respecta a la gestión de bienes
públicos, como es ese suelo ocupado. La realidad es que si
alguien se ha equivocado será el asesor o responsable
político que ha propuesto esos terrenos como aptos para
construir el edificio que el Ministerio quiere edificar y
que quien tiene que asesorar en materia de comunicación
tampoco sabe hacer su trabajo. Para negar la evidencia hace
falta algo más que palabras, y un responsable político no
tiene la obligación de decir que se ha equivocado (algo no
obstante sano y deseable), pero sí de practicar la
transparencia y de no tratar de ocultar información de
interés a los ciudadanos.
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OPINIÓN / EDITORIAL
