La Ciudad ya ha cifrado la deuda con sus proveedores en 83
millones de euros después de haber iniciado una segunda
etapa para que los empresarios se pudieran adherir al plan
de pago establecido por el Gobierno con el objetivo de que
Ayuntamientos y Comunidades se pongan al corriente de pago.
Al proceso, se han adherido 69 nuevas facturas por un
importe ligeramente superior a los tres millones de euros
mientras que se han quedado al margen más de 1.600 porque
según la Ciudad no cumplían los requisitos.
Sólo 69 de las más de 1.600 facturas presentadas por los
empresarios ceutíes para adherirse al plan de pago a
proveedores han pasado la criba de la Ciudad, según anunció
ayer tras el Consejo de Gobierno Guillermo Martínez Arcas.
Tras varias semanas de trabajo en las que la Administración
realizó una lista de compromisos de pago sin resolver, la
Ciudad anunció en pleno extraordinario que la deuda con sus
proveedores era de 80 millones y abrió un periodo para darle
la oportunidad a los proveedores que no habían sido
incluidos en el plan para que reclamaran su adhesión.
Tras esta segunda tanda, Martínez anunció que finalmente se
han admitido “adicionalmente 69 facturas por un importante
de poco más de tres millones” según los últimos datos que
momentos antes el interventor de la ciudad había transmitido
a los miembros del Gobierno. Una situación tras la cual la
deuda final que será financiada por el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) asciende a 83 millones de euros. No obstante,
el portavoz del Ejecutivo local reconoció que se han
recibido más de 1.600 reclamaciones cuya inclusión “no se ha
considerado pertinente por parte de los servicios técnicos
de la Ciudad”.
Para justificar este descarte Martínez dio hasta tres
razones. “En primer lugar las reclamaciones no estaban
presentadas con anterioridad al 31 de diciembre de 2011”,
alegó el portavoz que recordó que esta es la fecha
establecida por el propio plan de pago como límite para
aceptar las facturas. En segundo lugar, el popular explicó
que cuando se abrió el periodo de exposición inicial para la
presentación de este tipo de facturas o reclamaciones por
deudas pendientes, “todos los servicios técnicos de la
administración hicieron el trabajo de escrutinio de todas
las facturas pendientes y esas son las que se admitieron
porque así se consideraba pertinente”.
En aquel momento, según aclaró Martínez, ya hubo contacto
con distintos proveedores que “supuestamente tenían deudas
con la Ciudad para aclarar de manera definitiva a cuanto
ascendían esas deudas y no aparecieron ninguna de las nuevas
reclamadas salvo las 69 por un importe aproximado de tres
millones de euros”.
Facturas sin aval
Por último, el portavoz del Ejecutivo aseguró que la razón
principal de que estas reclamaciones se hayan desestimado es
que “la mayoría de ellas no vienen firmadas por ningún
técnico, ni avaladas por ningún servicios de la Ciudad
Autónoma de Ceuta”. Martínez se mostró tajante al manifestar
que desde el “punto de vista de la Administración” no
procede al pago de estas relamaciones cuyo importe, según la
oposición, ascendería a 30 millones de euros.
No obstante, el Gobierno se quiere guardar las espaldas y
Martínez garantizó que se estudiará caso por caso “puede ser
que alguna con el tiempo se pudiera aclarar” y lograr que se
abone el pago. Además, el portavoz recordó que siempre
quedará la vía jurídica para aquellos proveedores que crean
que no han sido atendidas sus peticiones.
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Martínez recrimina a Caballas que estime la deuda en 120
millones
Guillermo Martínez Arcas recriminó
ayer a Coalición Caballas la información que lanzó el pasado
jueves a través de un comunicado en la que cifraba la deuda
con los proveedores en 120 millones de euros. “No es
correcto que se vayan a incluir en el plan de pago a
proveedores las cantidades se anunciaron en un comunicado de
prensa por parte de un grupo político de la oposición” dejó
caer en rueda de prensa el portavoz del Gobierno que quiso
desmentir la afirmación que hizo el grupo liderado por
Mohamed Alí para asegurar que la Ciudad había recibido y
aceptado 1.800 nuevas facturas por un valor superior 30
millones. Según Caballas, los ceutíes tendrían que pagar un
total de 126 millones, incluidos los intereses, que se
desprenderán del crédito financiado por el Instituto Oficial
de Crédito, que se encargará de otorgar estos préstamos a
los Ayuntamientos.
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