La ocupación ilegal de terrenos de titularidad pública no se
detiene a pesar de los reiterados anuncios por parte de la
Ciudad del “refuerzo” del área de Disciplina Urbanística y
de la normativa local. Uno de los últimos casos por los que
se ha abierto expediente y que se ha denunciado por parte de
esta unidad técnica afecta a dos terrenos de los que es
titular el Estado, en concreto, el Ministerio de Educación,
con una parcela destinada a un colegio en el que se ha
levantado una casa de tres plantas, y el de Fomento, con un
solar contiguo perteneciente a Sepes y en venta del que se
han vallado con palés unos 600 metros cuadrados.
La ocupación ilegal de terrenos en la ciudad continúa
imparable en algunas zonas y se extiende en los aledaños del
Príncipe. El área de Disciplina Urbanística de la Ciudad ha
detectado y denunciado el caso de una vivienda de tres
plantas levantada en terreno público, esta vez, en un solar
propiedad del Ministerio de Educación situado en Loma
Colmenar. La usurpación del terreno se extiende a una
parcela contigua que es propiedad de la sociedad estatal de
suelo, Sepes, dependiente del Ministerio de Fomento, y en la
que se ha levantado una valla realizada a base de palés.
Este tipo de “cercados” suele ser el paso previo a la
edificación de nuevas viviendas ilegales, tal como sucedió
en julio de 2010 con la ocupación, dada a conocer por este
diario, de un terreno de 15.000 metros cuadrados de zona
verde y de equipamientos, en aquel caso, propiedad de la
Ciudad y situado sólo unos metros más arriba de donde se ha
construido la vivienda ahora denunciada.
Según consta en el Informe Técnico 35/2012, estos solares
corresponden al Plan Parcial de Loma Colmenar, aprobado en
2009, como suelo urbanizable programado. En el caso del
terreno de Educación, fue cedido por la Ciudad a la
Dirección provincial de Educación. En concreto, y como
referencia catastral figura que se trata de la parcela “UR
Loma Colmenar E2 PP preescolar”, con una superficie de 4.030
metros cuadrados. El tipo de finca es “suelo sin edificar”.
Los técnicos de la unidad de Disciplina Urbanística han
podido identificar tanto a la promotora de la vivienda, una
mujer española, como al constructor, que es marroquí. La
casa tiene tres plantas y azotea, con una escalera cubierta
en la parte superior y garaje. En total, dispone de una
superficie de 160 metros cuadrados. Como se trata de una
edificación no legalizable, la sanción a la que podría dar
lugar, según la legislación vigente, ascendería a unos
38.000 euros. Además habría de decretarse el derribo por
parte del promotor al que, en caso de no ejecutarlo, se le
cobraría el coste de su demolición por la administración.
Además de constituir una usurpación de terreno público de
uso dotacional, la vivienda podría estar vulnerando otras
normativas, como las de carácter medioambiental que tienen
que ver con el vertido de aguas fecales o con la sustracción
de suministro de agua potable o eléctrico, ya que, como
suele ser habitual en estos casos y dado que las
construcciones ilegales se realizan en terrenos no
urbanizados previamente y que no disponen por tanto de
servicios básicos, se observa un tendido que parte de la red
general hacia la vivienda ilegal.
En el caso de los terrenos de Sepes se trata de una parcela
de 5.088 metros cuadrados, una de las tres que la entidad
estatal de suelo ha sacado a la venta en Loma Colmenar. Este
solar, identificado como el D2 está destinado a “actuación
residencial-empresarial”, tal como consta en el cartel que
se ha colocado en la propia parcela, situada junto a la
nueva promoción de 170 VPO. La parcela, al igual que el
resto de las que pertenecen a Sepes en Loma Colmenar, se
encuentra delimitada por una valla metálica. La superficie
que se ha “vallado” también de forma ilegal con palés en
esta parcela es de unos 600 metros cuadrados.
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