La Ciudad Autónoma asumirá el 63,5% del montante total del
convenio con el Ministerio de Educación. Así, con un importe
de 2.598.057 euros, Ceuta aportará 1.650.000 euros. Además,
también consignará fondos propios para mantener el PCPI y
para que los 18 trabajadores de informática continúen
realizando sus labores a jornada completa, junto con la
inclusión del recorte del ministerio de 134.962 euros.
El Consejo de Gobierno autorizó ayer la firma del Convenio
de colaboración entre el Ministerio de Educación y la Ciudad
Autónoma para el desarrollo de diversos programas de interés
mutuo. Este documento está centrado en “acciones de
compensación educativa y de formación de personas jóvenes y
adultas desfavorecidas”.
El importe total asciende a 2.598.057 euros, de los que la
Ciudad aporta el 63,5%, es decir, 1.650.000 euros y la
Administración central -competente en esta materia-, 948.057
euros. Además, la Ciudad asumirá con recursos propios el
Programa de Cualificación Profesional Inicial (PCPI),
suprimido del texto del convenio por el ministerio y
complementará también con recursos propios el Plan de
formación de competencias básicas en informática y nuevas
tecnologías para que se desarrolle en “iguales” condiciones
que el año pasado. Para la Ciudad el ministerio deja de
aportar “obligatoriamente” con estas medidas un total de
536.588,89 euros. Deu realizó un rápido repaso por las
cantidades invertidas por ambas administraciones y demostró
que el ME ha ido reduciendo desde el año 2004 la cantidad
invertida, mientras que la Ciudad la ha ido aumentando.
La consejera recibió el primer borrador el pasado 3 de
agosto, pero en él no se incluían estos dos programas
mencionados. Así, el recorte no se ha producido sólo en los
presupuestos, que ha supuesto una cantidad de 134.000 euros
sino que también ha afectado al PCPI, que tiene un coste
anual de 71.754.75 euros y el programa, con jornada completa
en el que “prestan apoyo 17 profesionales, 16 de ellos en
centros de Educación Infantil y Primaria y un técnico
informático que se desplaza por los diferentes centros a
mantener parte de esos equipos”, que asciende a 329.000
euros.
La Ciudad consideró “injusta” esta situación y abrió vías de
negociación para evitar que no desaparecieran ambos
programas. La vuelta al trabajo fue en el mes de septiembre
y la consejera mantuvo “varias conversaciones telefónicas”
sobre este asunto.
El Ejecutivo local se preocupó “por esa reducción del 14% en
materia presupuestaria”. Deu mantuvo una reunión el pasado
24 de octubre con la directora general de Educación, Rosa
Peñalver, y trasladó “estas inquietudes”. Y es que, desde el
1 de septiembre, “todos los profesionales se encontraban en
sus destinos correspondientes”. La consejera negoció
diferentes programas, como la reorientación de este PCPI al
colectivo de mujeres desfavorecidas pero, en el encuentro,
“no se accedió a hablar de la modificación de los
programas”.
Por último el portavoz del Ejecutivo local, Guillermo
Martínez Arcas, quiso poner de manifiesto que esta situación
“demuestra que la mentira tiene las patas muy cortas y la
verdad sólo tiene un camino”. Por ello, “esto implica que el
Gobierno de la Ciudad, con recursos propios, tiene que
incrementar su participación en una competencia que no es de
la Ciudad Autónoma, sino que es de la Administración, del
Ministerio de Educación”, sentenció. En resumen, dada la
“drástica reducción” que en los últimos cuatro años se ha
ido realizando, la Ciudad ha tenido que ir intensificando
las inversiones. “Las partidas presupuestarias de la
Consejería de Educación permitirán que el convenio se
mantenga íntegramente, tal y como estaba en el anterior
curso escolar”, finalizó.
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“Al Gobierno socialista le importa bastante poco la
Educación”
El montante total que va a tener
que aportar la Ciudad a causa de este recorte llevado a cabo
por el Ministerio de Educación será de 536.188,89 euros. En
concreto, la Ciudad asumirá los 71.744.75 euros que cuesta
el PCPI suprimido, y que se orientará al colectivo de
mujeres desfavorecidas y los 329.000 euros que serán
necesarios para que los trabajadores del Programa recortado
de informática estén “a jornada completa”, como venía
sucediendo desde hace años, cuando entró en vigor el mismo,
y no a media jornada, que es lo determinado por el
Ministerio de Educación en el texto definitivo del convenio
y ante las exigencias de la consejera, ya que la intención
era “surpimirlo”. Deu fue clara: “Al Gobierno socialista la
educación le importa bastante poco; se llena la boca con
políticas escaparatistas y hace dejación de funciones en el
ámbito de la Educación en la Ciudad”.
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